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 <title>Deuda Externa - Proyectos Institucionales | Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires</title>
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  <h1>Deuda Externa<a name="sup" id="sup"></a></h1>
   <p><strong>Prof. Sandro Schipani</strong><br />
     Universidad degli Studi di Roma &quot;Tor Vergata&quot;<br />
     Director del Centro de Estudios Jur&iacute;dicos Latinoamericanos                 del Consejo Nacional de Investigaciones (CNR) </p>
   <p align="center"> <strong>Principios y reglas relativos                 a la deuda externa<br />
     Perspectiva romanista-civilista (<a href="http://www.derecho.uba.ar/institucional/proyectos/deuda_externa_schipani.php#inf">*</a>)</strong></p>
   <p><a href="#1">1. La ley n&uacute;mero 209 del 28/6/2000                 y su art&iacute;culo 7</a><br />
       <a href="#2">2. El derecho aplicable a la deuda externa: Los principios                 generales del derecho y los derechos del hombre y de los pueblos,                 replanteamientos del derecho comun.</a><br />
       <a href="#3">3. Principios generales del Derecho imperativo y derechos                 humanos y de los pueblos que pueden haber sido violados.</a><br />
    <a href="#4">4. La necesidad de un autorizado reconocimiento y de                 un trabajo difuso y directo.</a> </p>
   <p><a name="1" id="1"></a>1. La ley n&uacute;mero 209 del                 28/6/2000 y su art&iacute;culo 7 </p>
   <p>La ley n&uacute;mero 209 aprobada el 28 de junio                 del 2000 por unanimidad del Senado Italiano, relativa a las &quot;                 Medidas para la reducci&oacute;n de la deuda externa de los pa&iacute;ses                 de m&aacute;s bajo r&eacute;dito y mayormente endeudados&quot;,                 despu&eacute;s de haber regulado en t&eacute;rminos inmediatos y                 directos tal finalidad, en el art&iacute;culo 7 prev&eacute;: </p>
   <p>&quot;El Gobierno, en el &aacute;mbito de las Instituciones                 internacionales competentes propone la puesta en marcha de los procedimientos                 necesarios para el pedido de opini&oacute;n a la Corte Internacional                 de Justicia sobre la coherencia entre las reglas internacionales                 que regulan la deuda externa de los pa&iacute;ses en v&iacute;a                 de desarrollo y el conjunto de principios generales del derecho                 y de los derechos del hombre y de los pueblos&quot;.</p>
   <p>Este art&iacute;culo recoge sustancialmente el contenido                 de la moci&oacute;n Cherchi y otros n.1-00023, presentada el 1 de                 agosto de 1996 y aprobada por la C&aacute;mara de Diputados el 17                 de Mayo de 1998 (moci&oacute;n Perlingieri y otra con importantes                 parecidos fue presentada al Senado en la legislatura precedente,                 sin llegar a ser tratada por la disoluci&oacute;n anticipada del                 Parlamento). La moci&oacute;n Cherchi interpretaba, a nivel pol&iacute;tico                 y parlamentario italiano, pero con una proyecci&oacute;n de efectos                 bastante grande, los resultados de un suficiente debate cient&iacute;fico                 y pol&iacute;tico en el cual los juristas latinoamericanos y europeos,                 as&iacute; como por otra parte &aacute;rabes e instituciones diversas                 ven&iacute;an denunciando dudas sobre la correcta gesti&oacute;n                 jur&iacute;dica de la deuda, con referencia a principios generales                 y a la tutela de los derechos humanos y de los pueblos.</p>
   <p>Ya en 1985, el Comit&eacute; Econ&oacute;mico y                 Social de la Comunidad Europea hab&iacute;a elaborado una serie                 de puntos, que, desde la crisis desencadenada tres a&ntilde;os atr&aacute;s,                 en 1982 con la suspensi&oacute;n de pagos por parte de M&eacute;xico,                 constituyen una verdadera puntual y competente lectura alternativa                 respecto a la entonces dominante interpretaci&oacute;n coyuntural                 del problema, que lo enfrentaba como si se tratase de una falta                 temporal de liquidez ; del a&ntilde;o1986 es el documento &quot;Un                 acercamiento &eacute;tico a la deuda externa&quot; de la Pontificia                 Comisi&oacute;n Iustitia et Pax.</p>
   <p>En el VI Congreso Latinoamericano de Derecho Romano                 (M&eacute;rida, Venezuela,1987), bajo mi sugerencia, fue tratada                 en la ponencia presentada por J.C. Moreira Alves, romanista-civilista                 y Presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil , un una reflexi&oacute;n                 de naturaleza jur&iacute;dica sobre el tema &quot;Principios generales                 del derecho y desigualdad en las obligaciones contractuales&quot;,                 con referencia a la deuda externa y al principio del favor debitoris                 presente en nuestro sistema; el mismo a&ntilde;o, en la Universidad                 de Roma &quot;Tor Vergata&quot;, A. Montoro, fil&oacute;sofo del                 derecho de la Universidad Cat&oacute;lica de San Pablo y -entre                 otras cosas- Gobernador del Estado de San Pablo en Brasil, daba                 otra contribuci&oacute;n sobre el tema , poni&eacute;ndose en movimiento                 una investigaci&oacute;n patrocinada por el MURST, cuyas ideas fueron                 expuestas en el Coloquio Europa-Am&eacute;rica Latina &quot;Contribuci&oacute;n                 de Europa a la paz en Am&eacute;rica Latina&quot; (Mil&aacute;n,                 4-6/2/1988) . Esta l&iacute;nea de trabajo sobre principios del                 derecho aplicables en la deuda externa se encontr&oacute; inmediatamente                 con la contribuci&oacute;n de la doctrina internacional latinoamericana                 proyectada por el Embajador M.A. Espeche Gil , autor de la propuesta                 aprobada por el XV Congreso IHLADI (Santo Domingo, 28/4/1989) sobre                 el pedido de opini&oacute;n consultiva a la Corte Internacional                 de Justicia . Otros congresos jur&iacute;dicos llevados a cabo en                 Brasilia siguieron trabajando sobre el tema (VII Seminario Internacional                 Roma- Brasilia, organizado por la Asociaci&oacute;n de Estudios                 Sociales Latino Americanos- ASSLA y por la UnB, sobre &quot; Aspectos                 jur&iacute;dicos de la deuda externa de los pa&iacute;ses latinoamericanos&quot;,                 1990), en Viena (Foro cient&iacute;fico del CEISAL- Consejo Europeo                 de Investigaciones Sociales de Am&eacute;rica Latina, 1991 ), en                 Roma (con colaboraci&oacute;n de la Universidad Lateranense, Universidad                 de Roma Tor Vergata, ASSLA 1992 a 1995 ) en Estocolmo (1994 ), en                 Foggia (1995 ), en T&uacute;nez (1995 ), en Madrid (VI Coloquio                 Europa-Am&eacute;rica Latina en colaboraci&oacute;n con el CEISAL,                 Consejo Espa&ntilde;ol de Estudios Iberoamericanos-CEEIB, Instituto                 de Cooperaci&oacute;n Iberoamericana-ICI, 1996 ), en Caracas (1996                 y 1997). El tema tratado ha interesado al mundo isl&aacute;mico,                 el cual, gracias a la coordinaci&oacute;n del Istituto di Studi                 e Programmi per il Mediterr&aacute;neo-ISPROM, particip&oacute;                 en los citados Congresos llevados a cabo en Roma , organizando posteriormente                 un Seminario cient&iacute;fico en Annabaha (Algeria, 1999).</p>
   <p>En 1989 en Argentina el Senador Fernando de la R&uacute;a                 (que fue tambi&eacute;n Presidente de este pa&iacute;s) present&oacute;                 en el Senado Argentino un Proyecto de declaraci&oacute;n sobre la                 misma l&iacute;nea de la IHLADI, para que sea pedido la opini&oacute;n                 consultiva a la CIJ en particular sobre la licitud del mecanismo                 de los intereses aplicados a la deuda externa; en 1991 el Senador                 E. Cardoso (actual Presidente del Brasil) hizo lo mismo en su pa&iacute;s.                 En 1991 el Senador R. Caldera(que tambi&eacute;n despu&eacute;s                 fue Presidente de ese pa&iacute;s) desarroll&oacute; en Viena la                 Conferencia de apertura del Foro citado , y en 1993 puso de relieve                 en su programa de gobierno la promoci&oacute;n del pedido de opini&oacute;n                 mencionado con una prospectiva general de consideraci&oacute;n de                 los principios jur&iacute;dicos a aplicar. En 1992 el Parlamento                 Latinoamericano cre&oacute; una Comisi&oacute;n sobre la Deuda externa,                 el cual adopt&oacute; la posici&oacute;n por la cual se debe solicitar                 la opini&oacute;n consultiva a la CIJ ; en 1993 la XI Conferencia                 interparlamentaria CE-AL aprob&oacute; por unanimidad &quot;la manifestaci&oacute;n                 de la preocupaci&oacute;n por el esfuerzo en la exportaci&oacute;n                 de capitales que est&aacute;n realizando los pa&iacute;ses latinoamericanos                 para hacer frente al servicio de la deuda externa, que cre&oacute;                 problemas como: el aumento de la pobreza, dificultades en el funcionamiento                 y modernizaci&oacute;n del aparato productivo e infraestructura                 sociales; la consideraci&oacute;n de que a pesar de la acciones                 puestas en pr&aacute;ctica para resolver el problema, la dimensi&oacute;n                 de la deuda contin&uacute;a superando las reales posibilidades de                 devoluci&oacute;n por parte de las econom&iacute;as de tales pa&iacute;ses;                 el pedido a los Estados miembros que pongan en estudio la propuesta                 seg&uacute;n la cual la Asamblea de las Naciones Unidas pida a la                 Corte Internacional de Justicia de la Haya una opini&oacute;n que                 aclare el cuadro &eacute;tico y jur&iacute;dico que debe regular                 los pr&eacute;stamos internacionales&quot; . Dos a&ntilde;os m&aacute;s                 tarde el pedido de opini&oacute;n fue repetido por la XII Conferencia                 de Bruxelles , y luego en 1998 por la 99&ordf;. Conferencia Interparlamentaria                 mundial de Windhoek .</p>
   <p>En este contexto se incluyen la Carta de Sant'Agata                 dei Goti. &quot;Dichiarazione su usura e debito internazionale&quot;                 publicada por Mons. Pociello, Obispo de tal comunidad, en el tercer                 centenario del nacimiento de Sant'Alfonso M. De Liguori (1997 )                 , con los Seminarios conectadas a la misma , y algunas propuestas                 de las conclusiones del IV World Congress on the Pastoral Care of                 Migrants and Refugees .</p>
   <p>En esta perspectiva se incluyen las instituciones                 de un rapporteur especial que anualmente refiera a la Comisi&oacute;n                 de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre las consecuencias                 negativas que la deuda externa tiene sobre el goce efectivo de los                 derechos humanos, as&iacute; como tambien la frustracion de las                 propuestas de los Presidentes arriba citados y de las tentativas                 no alcanzadas para obtener la discusi&oacute;n en la Asamblea general                 de las Naciones Unidas para el pedido de opini&oacute;n mencionado,                 las cuales mostraron a quienes siguieron de cerca estos hechos,                 c&oacute;mo el consenso al respecto debe abarcar mucho m&aacute;s                 extensamente a todos quienes aspiren a la construcci&oacute;n de                 un derecho justo.</p>
   <p>El Parlamento Italiano, tom&oacute; una importante                 iniciativa , d&aacute;ndole al proyecto de ley de origen gubernamental                 una sobresaliente perspectiva que, me atrevo a decir, est&aacute;                 a la altura de este a&ntilde;o 2000 tan cargado de significados. </p>
   <p>Como es notable, el proyecto de ley preve&iacute;a                 una intervenci&oacute;n una tantum de reducci&oacute;n de la deuda                 externa en relaci&oacute;n con Italia por parte del grupo de pa&iacute;ses                 de m&aacute;s bajo r&eacute;dito. El Parlamento no s&oacute;lo ha                 ampliado tal intervenci&oacute;n en forma significativa ( cuya consistencia                 efectiva, y cuyos mecanismos no examinar&eacute; ni valorar&eacute;                 aqu&iacute;), sino que sobre todo ha introducido una prospectiva                 -me refiero al art. 7- que se ubica sobre una l&iacute;nea completamente                 distinta de aquella de la remisi&oacute;n de la deuda, una l&iacute;nea                 de grandes obligaciones para el Gobierno, de gran potencialidad                 y de car&aacute;cter permanente para el desarrollo del derecho y                 para las relaciones entre los hombres y los pueblos. </p>
   <p>De grandes obligaciones tambi&eacute;n para quienes                 ejercen el derecho.</p>
   <p>El colega Profesor Catalano, comentando la citada                 Carta di Sant'Agata dei Goti, subray&oacute;, justamente, el problema                 de la separaci&oacute;n del derecho de la moral que pesa sobre nuestra                 cultura jur&iacute;dica, y la necesidad de su superaci&oacute;n                 .</p>
   <p>El colega Dalla Torre, en un reciente Seminario                 en Salerno, ha tambi&eacute;n justamente recordado &quot;la apertura                 del saber que caracteriza la modernidad&quot; y &quot;la crisis                 de las jerarqu&iacute;as&quot;, con la primac&iacute;a de la pol&iacute;tica                 sobre la moral y de la econom&iacute;a sobre la pol&iacute;tica                 y reafirm&oacute; la necesidad de moverse para imponer con &eacute;xito                 reglas jur&iacute;dicas .</p>
   <p>Sostengo que, de este art&iacute;culo de la ley                 que he recordado, se pueden distinguir tres perfiles que expresan                 la prospectiva acogida por nuestro legislador: a)La ley reafirm&oacute;                 el reconocimiento de la existencia de un cuadro de principios generales                 del derecho y de los derechos del hombre y de los pueblos as&iacute;                 como la necesidad de que la deuda externa debe ser regulada. b)Acogi&oacute;                 de un nuevo modo la duda que los pueda conducir &oacute; reglas                 y pr&aacute;cticas de negociaci&oacute;n de esta &oacute; aquella                 instituci&oacute;n, de hecho aplicadas y no conforme a estos principios.                 c) pide al gobierno que act&uacute;e en modo que promueva una opini&oacute;n                 a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que revea formalmente                 tales principios.</p>
   <p align="right"><a href="#top"><img src="../../imagenes/volver_arriba.gif" alt="Volver" border="0" width="46" height="12" /></a></p>
   <p><a name="2" id="2"></a>2. El derecho aplicable a la deuda                 externa: Los principios generales del derecho y los derechos del                 hombre y de los pueblos, replanteamientos del derecho comun. </p>
   <p>2.1 Es necesario repetir una precisi&oacute;n previa:                 La variedad de los sujetos (Estados, Organismos Internacionales,                 sujetos privados etc) y de los tipos de actos que vienen en consideraci&oacute;n                 cuando se examina la deuda externa de los PVD es ciertamente relevante,                 tanto que esta implica el colocarse en las relaciones, en el &aacute;mbito                 de aquellos que habitualmente se califican por un lado de derecho                 internacional publico, por otro lado de derecho internacional privado                 y/o derecho transnacional (a prescindir de los perfiles de derecho                 constitucional, fiscal etc) 26. </p>
   <p> En verdad, con referencia a las numerosas relaciones                 con acreedores sujetos privados (Bancas, Consorcios Bancarios etc)                 se debe sin embargo precisar ulteriormente que pueden surgir serias                 dudas sobre la validez de las cl&aacute;usulas de renuncia a la                 propia jurisdicci&oacute;n de parte de los Estados de los PVD, renuncia                 que estar&iacute;a ligada al car&aacute;cter econ&oacute;mico de                 las relaciones en consideraci&oacute;n. Esto no solo porque tal                 renuncia en muchos casos viola disposiciones legales o principios                 de los ordenamientos de los mismos Estados deudores27, o por la                 contradicci&oacute;n de la permanencia de una ilimitada responsabilidad,                 propia de los Estados mismos y usualmente extra&ntilde;a en cambio                 a las relaciones de la actividad econ&oacute;mica, 28 y asimismo                 teniendo presente de un lado, que las obligaciones pecuniarias que                 vienen a consideraci&oacute;n constituyen una situaci&oacute;n deudora                 tal, que incide directamente sobre la libertad y los derechos fundamentales                 de los hombres como tales y de los pueblos envueltos en este acontecimiento,                 cosa que compromete directamente al Estado en el ejercicio de sus                 mismas funciones, esencialmente pol&iacute;ticas de tutela de los                 mismos, por otra parte que tal renuncia resulta aceptada en condiciones                 de sustancial ausencia de libertad de la parte- Estado que la ha                 aceptado. 29 Adem&aacute;s, cada soluci&oacute;n que reconduce sustancialmente                 a la aplicaci&oacute;n de las normas del derecho interno de un Estado                 en particular (con cualquier criterio que este sea elegido) situaciones                 que son estructuralmente transnacionales, resulta objetivamente                 inadecuada, tanto que en el mismo comercio internacional cotidiano                 los criterios del Derecho Internacional Privado, que precisamente                 llevan materialmente a tal resultado, son justamente sometidos a                 critica y en v&iacute;a de superaci&oacute;n 30. </p>
   <p>En cada caso, la presencia, en el derecho internacional                 publico precisamente, cual fuente del mismo, tambi&eacute;n de los                 &quot;principios generales del derecho&quot;, expresamente citados                 por el estatuto de la CIJ, art. 38.1.c), que son comunes al derecho                 interno, expresa la citada presencia del reconocimiento positivo                 de un n&uacute;cleo de derecho com&uacute;n, que permite una consideraci&oacute;n                 unitaria del derecho aplicable, a prescindir de la variedad indicada.</p>
   <p>El primer punto que he evidenciado estar fijado                 por la ley en examen se inserta claramente en esta perspectiva,                 y re&uacute;ne una fuerte re-propuesta sobre el horizonte de la                 actualidad del derecho com&uacute;n a todos los pueblos.</p>
   <p>Es &uacute;til, en relaci&oacute;n a este derecho,                 recordar brevemente algunos datos.</p>
   <p>2.2 Va subrayada una caracter&iacute;stica fundamental                 de nuestro sistema jur&iacute;dico romanista, algunas veces en parte                 olvidada u oscurecida, pero permanente; la capacidad que este tiene                 de incluir la dimensi&oacute;n del tiempo, de la historia y su vocaci&oacute;n                 universalista. En esto radica ya sea la posibilidad de concebir-elaborar                 principios generales del derecho, ya sean los derechos del hombre                 y de los pueblos.</p>
   <p>La conciencia que encontramos tanto en Cicer&oacute;n                 como en Livio31 de la capacidad de Roma de iura gentibus dare es                 la conceptualizaci&oacute;n de una concepci&oacute;n arraigada desde                 los or&iacute;genes mismos, para lo cual Iuppiter se encuentra en                 el vertice y en el origen del ordenamiento de la comunidad aut&oacute;ctona                 romana, y como &quot;existencia inter-&eacute;tnica&quot;, vigila                 tambi&eacute;n sobre el sistema jur&iacute;dico- religioso en el                 cual estaban ya &quot;virtualmente&quot; presentes tambi&eacute;n,                 los otros pueblos, conocidos y todav&iacute;a desconocidos. 32 Tal                 &quot;virtualidad&quot; explica la aparente contradicci&oacute;n                 entre los iura que, de un lado deben todav&iacute;a ser dados y                 recibidos, por otra parte vinculan ya a los romanos en sus relaciones                 con los extranjeros, califican jur&iacute;dicamente tales relaciones,                 antes y a prescindir de cualquier momento convencional, al contrario,                 como fundamento tambi&eacute;n de ese mismo momento convencional33.                 Dentro de la esfera de los originarios multa iura communia entre                 romanos y extranjeros 34, se especifica despu&eacute;s, como conocido,                 el ius civile, como derecho propio de los ciudadanos romanos, que                 por otra parte se integra con el ius gentium35 , ambos &quot;suplidos                 o corregidos&quot; por el ius honorarium36, y todos, en una relaci&oacute;n                 dial&eacute;ctica y de reciproca critica, &quot;mejorados&quot;                 por la interpretaci&oacute;n cotidiana de los juristas37, en el                 &aacute;mbito de la cual se desarrolla ulteriormente, tambi&eacute;n                 con el aporte de la reflexi&oacute;n filos&oacute;fica, la idea                 de un ius naturale, con una funci&oacute;n que puede ser tambi&eacute;n                 preparaci&oacute;n para superar institutos de aquel mismo derecho                 de las gentes, que tambi&eacute;n es com&uacute;nmente acogido por                 todos los pueblos38. Estas conceptualizaciones re&uacute;nen el                 principio jur&iacute;dico inicialmente indicado, representan reelaboraciones                 cient&iacute;ficas innovadoras que acompa&ntilde;an y desarrollan                 riqu&iacute;simas implicaciones. La generalizaci&oacute;n de la                 ciudadan&iacute;a a todos los habitantes del Imperio conlleva a                 la superaci&oacute;n del concepto de extranjero y, en la codificaci&oacute;n                 de Justiniano, que en cierto modo concluye la fase de la formaci&oacute;n                 del sistema, a la calificaci&oacute;n del ius Romanum como commune,                 para lo cual se fija esta conceptualizaci&oacute;n unificadora de                 aquel derecho, ius Romanum commune precisamente propuesto para todos                 los hombres 39.</p>
   <p> En la edad moderna de las grandes revoluciones,                 de la revoluci&oacute;n de la geograf&iacute;a del mundo que se                 enriquece de una cuarta parte, &quot;Nuevo Mundo&quot;, a las revoluciones                 pol&iacute;ticas y sociales, este sistema de derecho romano com&uacute;n,                 sostenido del arraigamiento en la divinidad y/o en el ser reconocido                 como ratio scripta, se extiende a todos los hombres de Am&eacute;rica,                 que m&aacute;s tarde se llamara Latina40, o, mas recientemente,                 como por ej. del Jap&oacute;n, y de la China 41; &eacute;sto conduce                 por ej. a superar la esclavitud porque &quot;por derecho natural                 todos los hombres nac&iacute;an libres&quot;42 , a intentar organizar                 la comunidad pol&iacute;tica como res publica, a concebir la ley                 como establecida por el pueblo, a recoger y ordenar el derecho en                 c&oacute;digos etc.; este sistema tambi&eacute;n ha ofrecido las                 bases del derecho internacional. </p>
   <p>Este mismo sistema de derecho romano com&uacute;n,                 que del racionalismo moderno ve acentuados algunos de sus caracteres,                 en relaci&oacute;n con el proceso de codificaci&oacute;n ha producido,                 tambi&eacute;n sobre la base de ideas antiguas y contribuciones                 desde la edad de los glosadores y comentadores43, la remisi&oacute;n                 t&eacute;cnica a los &quot;principios generales del derecho&quot;44como                 principios presentes y de buscar en la gran codificaci&oacute;n                 de Justiniano, y en sus desarrollos, de los cuales los c&oacute;digos                 son informados, y a la luz de los cuales deben ser armonizados e                 integrados. Los c&oacute;digos, elaborados por medio de la ciencia                 jur&iacute;dica de ese sistema, de su desarrollo a trav&eacute;s                 de la investigaci&oacute;n y la discusi&oacute;n (ius controversum),                 fundados sobre tales principios, se ubican en comunicaci&oacute;n                 ininterrumpida con la base del mismo, que ellos mismos desarrollan,                 y entre ellos; expresan la permanente vitalidad y vigencia del sistema                 mismo y participan de su abierta vocaci&oacute;n, facilitando la                 ulterior acogida por parte de otros pueblos45. Es verdad que despu&eacute;s,                 en Europa, el nacionalismo jur&iacute;dico ha ofuscado la operatividad                 de esta abierta comunicante unidad, y el estatal-legalismo ha producido                 el cierre de los diversos ordenamientos de los estados nacionales                 sobre si mismos46, que culmina en la &quot;miope estado-latr&iacute;a&quot;                 que se manifiesta en la elaboraci&oacute;n del reenv&iacute;o a                 los &quot;principios generales del ordenamiento jur&iacute;dico                 del Estado&quot; de nuestro Cc.Italiano/194247. La dimensi&oacute;n,                 fundada sobre una l&iacute;nea de continuidad con el derecho romano                 y su apertura universal se mantiene, por ej. en otras &aacute;reas,                 como Am&eacute;rica Latina48; &eacute;sta alimenta el permanente                 derecho com&uacute;n de la comunicaci&oacute;n de la ciencia jur&iacute;dica,                 y conlleva a referirse a los &quot;principios generales del derecho&quot;                 cual fuente de derecho aplicable por parte de la Corte Internacional                 de Justicia del Haya (tambi&eacute;n por esta referencia el estatal-legalismo                 busca luego readaptar los datos del sistema al propio marco te&oacute;rico)49,                 esta reemerge con dificultad en Europa bajo el impulso de los procesos                 de integraci&oacute;n que se est&aacute;n desarrollando. Cuando                 por ultimo Unidroit ha emitido un documento con el titulo: Principios                 de los contratos comerciales internacionales (1994), este texto                 es manifestaci&oacute;n de la vitalidad y fuerza a tales concepciones.                 (Al prescindir del hecho de cuan adecuado en general sea el reconocimiento                 que tal Instituto haya cumplido de los verdaderos principios, cuando                 por ej. leemos, art 1.7, que &quot;Cada parte [de un contrato] debe                 actuar de conformidad a la buena fe del comercio internacional.                 Las partes no pueden excluir o limitar esta obligaci&oacute;n&quot;,                 encontramos sin duda el reconocimiento del hecho que el principio                 de la fides bona- correcci&oacute;n en los contratos- es vinculante                 y preexistente a cualquier momento convencional o de Derecho Internacional                 Privado, y lo es como principio del ius gentium, vigente y a disposici&oacute;n                 de todos. 50)</p>
   <p> Es en este sistema del derecho romano com&uacute;n                 que era posible desarrollar, y se ha desarrollado por consiguiente                 la individualizaci&oacute;n de &quot;principios generales del derecho&quot;,                 no por un estad&iacute;stico reconocimiento de cuantas opiniones                 u ordenamientos convergen sobre cada uno, sino a trav&eacute;s de                 la controversia y la investigaci&oacute;n constante de la mejor                 soluci&oacute;n51. En esto, tales principios son puestos a orientaci&oacute;n                 en raz&oacute;n de su expansi&oacute;n, a trav&eacute;s de los diversos                 ordenamientos del sistema, y tambi&eacute;n a orientaci&oacute;n                 frente a otros complejos de experiencia jur&iacute;dica, que sean                 caracterizados por una formaci&oacute;n diversa preponderantemente                 judicial, o consuetudinaria etc ( como el common law, o los as&iacute;                 llamados derechos tradicionales etc), expresando esta l&oacute;gica                 que filtra y asimila los diversos aportes en un derecho com&uacute;n                 que brota precisamente, del aporte de muchos, como ya subrayaba                 Cat&oacute;n y ahora con mucha mas raz&oacute;n se deber&iacute;a                 subrayar. 52 Un derecho que es completo: puede regular todas las                 situaciones, a las cuales preexiste y a las cuales debe ser aplicado.</p>
   <p>Un derecho filtrado a trav&eacute;s de sus &quot;principios&quot;,                 de recobrar para un trabajo m&aacute;s profundo de los juristas                 que vaya a las ra&iacute;ces del sistema y las encuentre en toda                 su dimensi&oacute;n t&eacute;cnica positiva com&uacute;n, no sujeta                 al estatal- legalismo, pero no por esto menos traducida en los ordenamientos                 del sistema, y que se encuentra con el complejo de los &quot;derechos                 inviolables&quot;, estos tambi&eacute;n reconocidos por los ordenamientos,                 e informadores de los mismos, y con los correlativos &quot;deberes                 de solidariedad humana&quot; tambi&eacute;n internacional que han                 sido codificados en muchas Constituciones y tratados internacionales                 con normas que son de puro &quot;reconocimiento&quot; de ellos,                 que no pueden ser eliminados o significativamente reducidos ni siquiera                 respetando el procedimiento de modificaci&oacute;n de tales normas,                 y que pues, pertenecen a un sistema jur&iacute;dico ni estatal ni                 convencional: pienso en los art. 2, 10, 11 de nuestra Constituci&oacute;n,                 tambi&eacute;n con su funci&oacute;n informadora del ordenamiento;                 a los art. 2, 55, 56 de la Carta de las NU; a la resoluci&oacute;n                 n. 2625 de 1970, adoptada por unanimidad por la AG de las NU; a                 la Convenci&oacute;n de Roma; del Tratado de la UE etc.</p>
   <p>2.3. El primer punto indicado, relativo al articulo                 de la ley en examen, reconoce pues la existencia de un n&uacute;cleo                 de derecho com&uacute;n arraigado y que se desarrolla a partir de                 las bases de nuestro sistema roman&iacute;stico y universalmente                 abierto, reforzado por la tradici&oacute;n de la elaboraci&oacute;n                 de los derechos fundamentales, y a medida del cual deben ser reguladas                 las relaciones de la deuda externa, mas all&aacute; de la variedad                 indicada arriba. Esto se inserta sobre una l&iacute;nea de superaci&oacute;n                 del cerrado estatal-legalismo de nuestro ordenamiento sobre si mismo,                 y de adhesi&oacute;n a la fuerte repropuesta sobre el horizonte                 de la actualidad del derecho com&uacute;n a todos los hombres y                 a los pueblos, que se est&aacute; desarrollando. Act&uacute;a este                 reconocimiento en relaci&oacute;n con la deuda externa, para dar                 una respuesta al concreto, e injusto sufrimiento de cientos de millones                 de hombres que viene exigi&eacute;ndola, pero me parece tenga tambi&eacute;n                 una potencialidad general. 53 </p>
   <p align="right"><a href="#top"><img src="../../imagenes/volver_arriba.gif" alt="Volver" border="0" width="46" height="12" /></a></p>
   <p> <a name="3" id="3"></a>3. Principios generales del Derecho                 imperativo y derechos humanos y de los pueblos que pueden haber                 sido violados. </p>
   <p>La ley 209/2000 retoma una duda presente en la ciencia                 jur&iacute;dica, relativa a la falta de aplicaci&oacute;n de principios                 jur&iacute;dicos fundamentales o, como lo expresa la ley, a la posible                 incoherencia (&quot;solicitud de opini&oacute;n... sobre la coherencia...&quot;)                 entre las reglas, las pr&aacute;cticas negociales e interpretativas                 que vienen actualmente aplicada a la deuda externa de los pa&iacute;ses                 en v&iacute;a de desarrollo (PVD) y los principios generales del                 derecho y los derechos humanos y de los pueblos. La duda, sustancialmente                 radica en que la gesti&oacute;n acaecida de estas relaciones jur&iacute;dicas                 y que continua siendo practicada, y las reglas utilizadas sean en                 contraste con imperativos principios generales del derecho y est&aacute;                 perjudicando inviolables derechos humanos y derechos de los pueblos                 implicados en tales relaciones.</p>
   <p>3.1. Or&iacute;genes del actual d&eacute;bito internacional                 de los pa&iacute;ses en v&iacute;a de desarrollo.</p>
   <p>Pido una disculpa si menciono sint&eacute;ticamente                 el desarrollo de los hechos, que ya es conocido; pero lo considero                 necesario porque de ah&iacute; emana en buena medida el d&eacute;bito                 internacional de los PVD que, a trav&eacute;s de novaciones y dem&aacute;s                 transformaciones aparentemente m&aacute;s complicadas, es aquello                 que ahora todav&iacute;a est&aacute; siendo pagado y con respecto                 al cual subsisten, como indicar&eacute;, motivos para dudar de los                 fundamentos jur&iacute;dicos de tal obligaci&oacute;n actual, que                 por lo tanto no se tratar&iacute;a de perdonar o condonar, sino                 de reconocerlo ya como total o parcialmente extinguido (cuando no                 nos encontremos eventualmente ante un pago de lo indebido que deba                 ser restituido). </p>
   <p>Globalmente, en relaci&oacute;n con el hecho, se                 debe considerar el gran giro que tom&oacute; la econom&iacute;a                 mundial, al inicio de los a&ntilde;os 80, con el aumento de las                 tasas de inter&eacute;s del d&oacute;lar norteamericano y la apreciaci&oacute;n                 de &eacute;ste que ha guiado el principio de ese proceso de hegemon&iacute;a                 del sector financiero en la econom&iacute;a mundial, que ha dominado                 el decenio y todav&iacute;a constituye una l&iacute;nea fundamental                 del manejo de la econom&iacute;a misma. </p>
   <p>Las etapas son conocidas, y las esquematizo refiri&eacute;ndome                 principalmente a la Am&eacute;rica Latina, que constituye, en la                 primera fase, la situaci&oacute;n ejemplar: -declaraci&oacute;n                 de no conversi&oacute;n del d&oacute;lar norteamericano el 15/agosto/1971                 y consecuente fin del sistema de cambios fijos, que ha constituido                 la base de los acuerdos de Bretton Woods convenidos despu&eacute;s                 de la Segunda Guerra Mundial; -gran plan de inversi&oacute;n, a                 fines de los a&ntilde;os 70, de los llamados petrod&oacute;lares                 que no se sab&iacute;a c&oacute;mo usarlos y ven&iacute;an orientados                 hacia los pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina, considerados aptos                 para acelerar su industrializaci&oacute;n, m&aacute;s que otros                 pa&iacute;ses en v&iacute;as de desarrollo, y que por ello se les                 ha venido sucesivamente encontrando en primera l&iacute;nea, incluso                 cuantitativamente, de frente al cambio; -aumento, con la elecci&oacute;n                 de Reagan en la presidencia de los Estados Unidos de Norteam&eacute;rica,                 de las tasas de inter&eacute;s en los Estados Unidos Norteamericanos                 del 4-6% al 18-20% y correlativa apreciaci&oacute;n del d&oacute;lar                 norteamericano con respecto incluso a las monedas de los pa&iacute;ses                 industrializados m&aacute;s s&oacute;lidos que el nuestro (sin embargo,                 en cuanto a la Lira italiana se recordar&aacute; que en 1978 el                 cambio era de 825 Liras por d&oacute;lar y en 1983 de 2300 Liras                 por d&oacute;lar); combinaci&oacute;n de la elevaci&oacute;n de                 las tasas con la elevaci&oacute;n de la moneda de referencia (las                 tasas de inter&eacute;s en valor real, tomando en cuenta a las monedas                 fuertes y depurando los procesos de inflaci&oacute;n, resultan por                 lo tanto cercanas al 30%); - insostenibilidad de tal aumento por                 parte de los pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina y suspensi&oacute;n                 de los pagos por parte de M&eacute;xico (1982), de Brasil (a inicios                 de 1983) etc., con suspensi&oacute;n inmediata del cr&eacute;dito                 a estos pa&iacute;ses; -apertura de una crisis para los pa&iacute;ses                 en v&iacute;as de desarrollo (producto interno bruto anual medio                 per capita en Am&eacute;rica Latina de $1670 en el 1970; de $2315                 en 1980; nivel este &uacute;ltimo que, tras la ca&iacute;da, no                 hab&iacute;a sido de nuevo alcanzado 10 a&ntilde;os despu&eacute;s:                 $2218 en 1994; grav&iacute;sima crisis social conexa; escas&iacute;sima                 relevancia de la posterior rebaja del d&oacute;lar, y de los intereses,                 que evidentemente no pod&iacute;a poner en marcha un proceso de                 desarrollo que hab&iacute;a estado activo y al cual hab&iacute;an                 estado sucesivamente cambiados los t&eacute;rminos de referencia,&iexcl;as&iacute;                 de hacerlo quebrar!); - enormes exportaciones de capitales bajo                 la forma de pagos de deuda por parte de los pa&iacute;ses deudores                 que contin&uacute;an precisamente pagando dicho d&eacute;bito y                 vi&eacute;ndolo crecer.</p>
   <p>En la d&eacute;cada sucesiva, siendo del todo saturada                 y en modo estable y ya de por s&iacute; excesivo y creciente la                 capacidad de endeudamiento de Am&eacute;rica Latina, que renovaba                 continuamente su d&eacute;bito convirti&eacute;ndose cada vez m&aacute;s                 oneroso (se debe tener presente, entre otro, por ejemplo, la prohibici&oacute;n                 a los deudores de tratar conjuntamente antes a los acreedores operantes                 en cambio en modo conjunto), por un lado los pr&eacute;stamos tomaban                 otras direcciones (primero entre toda la Europa Oriental, en relaci&oacute;n                 con las cuales los factores pol&iacute;ticos y de seguridad desarrollan                 un papel mucho m&aacute;s complejo), por otro lado se delineaba                 otro tipo de intervenci&oacute;n, a trav&eacute;s de capitales de                 riesgo, en un contexto de eliminaci&oacute;n de cada posible obst&aacute;culo                 a la atracci&oacute;n de &eacute;stos sobre el mercado internacional,                 a la conversi&oacute;n en valor extranjero en cualquier momento                 de las utilidades de los mismos y a la reconversi&oacute;n en moneda                 extranjera del mismo capital en cualquier momento y circunstancia.</p>
   <p>La crisis de M&eacute;xico de fines de 1994 no s&oacute;lo                 indic&oacute; el riesgo de un mecanismo manejado sin observar regla                 alguna, sino que concretamente tambi&eacute;n ha sometido a tal                 pa&iacute;s a condiciones de pago gravosas de una manera &uacute;nica.                 En un primer perfil, la fuga de capitales aparece como un factor                 capaz de arruinar los datos fundamentales de la econom&iacute;a                 de un pa&iacute;s, fuga en la cual hay que distinguir un momento                 estrechamente ligado a operaciones exclusivamente de divisas, a                 muy breve t&eacute;rmino, capaz de provocar procesos de devaluaci&oacute;n                 descontrolados, en un momento ligados a las mismas inversiones alarmadas                 por los precedentes.</p>
   <p>A este tipo de crisis pertenece la del sudeste asi&aacute;tico                 y la del Brasil en la segunda mitad de 1990.54</p>
   <p>Los hechos descritos son hechos concretos; la presentaci&oacute;n                 de &eacute;stos por una parte considera, de la serie de acontecimientos                 venidos hist&oacute;ricamente, s&oacute;lo algunos aspectos, mientras                 que se dejan a un lado otros que son menos representativos o menos                 generales, o no tan f&aacute;cilmente demostrables no obstante sean                 jur&iacute;dicamente relevantes; tampoco esta presentaci&oacute;n                 considera una serie de otros hechos que comprometen a otros pa&iacute;ses,                 cuya situaci&oacute;n es unas veces parecida y otras veces incluso                 m&aacute;s dram&aacute;tica de aquella ahora citada, por ser pa&iacute;ses                 de extrema pobreza.</p>
   <p>La presentaci&oacute;n del hecho adem&aacute;s no                 toma en consideraci&oacute;n perfiles que frecuentemente son indicados,                 por ejemplo aquellos relativos a los fines (a menudo se apunta,                 justamente, a la adquisici&oacute;n de armas, o de otros gastos                 sobre los cuales se cuestiona su prioridad), a menudo de acuerdo                 entre las partes, por lo cual han sido a veces usados los financiamientos                 obtenidos, de la escasa diligencia o peor, en el uso de los mismos,                 as&iacute; como no toma en consideraci&oacute;n el perfil de la                 legitimaci&oacute;n de las partes a contraer etc&eacute;tera; que                 ciertamente no son irrelevantes 55.</p>
   <p> En esta reflexi&oacute;n no puedo sino buscar algunos                 aspectos comunes y de car&aacute;cter general.</p>
   <p>3.2. Algunos principios aplicables</p>
   <p>En relaci&oacute;n a estos hechos me gustar&iacute;a                 indicar algunos principios que me parece que no han sido aplicados,                 y que los hechos mismos nos llevan a reexaminar, profundizar y desarrollar,                 pregunt&aacute;ndonos si su aplicaci&oacute;n habr&iacute;a podido                 o debi&oacute; haber sido llevada a cabo por el pasado, y deber&iacute;a                 serlo para el futuro, constituyendo un conjunto de reglas a observarse,                 que ciertamente no resolver&iacute;an todos los aspectos de las                 posibles exigencias, pero iniciar&iacute;an a encuadrarlas.</p>
   <p>Habiendo tenido el honor de colaborar en la redacci&oacute;n                 de la Carta de Santa Agata del Goti me permito mencionarla, como                 una gu&iacute;a, aunque ciertamente no podr&eacute; sino examinar                 sumariamente las indicaciones que contiene.</p>
   <p>3.2.1. Un perfil de estos hechos que salta a la                 vista de manera notable es aquel de las tasas de inter&eacute;s                 y de la problem&aacute;tica jur&iacute;dica que le concierne. Esto                 por diversos motivos:<br />
     - por los elevados niveles que los intereses han alcanzado objetivamente;<br />
     - por lo imprevisible de tales niveles;<br />
     - por el sustancial cambio de los equilibrios contractuales convenidos                 que estos han provocado; <br />
     - por la combinaci&oacute;n de &eacute;stos con el aumento de valor                 de la moneda de riferimento, aumento del cual han sido instrumento;<br />
     - por la parte a que ha controlado los acontecimientos.</p>
   <p>a. Es un principio general de derecho el que proh&iacute;be                 los intereses usurarios56. La prohibici&oacute;n en nuestro sistema                 fue afirmada ya en las XII Tablas (VIII, 18) y despu&eacute;s, al                 centro de conflictos sociales, fue ratificado por otras leyes de                 tutela de deudores (leges fenebres) 57; fue reconocido como un principio                 general y hecho valer por los romanos en relaciones con extranjeros,                 por la igualdad de tratamiento necesaria para evitar su elusi&oacute;n                 con pr&eacute;stamo de capitales a personas para las cuales tal                 prohibici&oacute;n no fuese vigente 58; sobre esto se forj&oacute;                 la prohibici&oacute;n del anatocismo 59, y la prohibici&oacute;n                 de superar con el lucro de los intereses la cantidad total dada                 en pr&eacute;stamo 60. El derecho hebraico para los hebreos, el                 derecho can&oacute;nico, el derecho musulm&aacute;n tomaron de manera                 radical el principio de prohibici&oacute;n de los intereses 61.                 La prohibici&oacute;n de intereses usurarios ha sido asumida por                 muchos ordenamientos modernos 62, tambi&eacute;n como expresi&oacute;n                 particular de la prohibici&oacute;n de lesi&oacute;n, y del respeto                 del m&aacute;s general principio de equivalencia de prestaciones63.                 La praxis actualmente difundida de tasas de inter&eacute;s variables                 implica problemas de adecuaci&oacute;n de la prohibici&oacute;n                 misma, a las cuales por ejemplo la reciente ley italiana 108/1996                 da una soluci&oacute;n que presenta tambi&eacute;n algunas dificultades,                 que evidencian la necesidad de ulteriores medidas cient&iacute;ficas64.</p>
   <p>b. Es necesario decir que, en relaci&oacute;n con                 el objetivo y la buena fe, es claro que el financiamiento del desarrollo                 habr&iacute;a debido ser y deber&iacute;a ser sostenido con pr&eacute;stamos                 a grandes plazos y a intereses fijos.</p>
   <p>En efecto, mientras con tales pr&eacute;stamos se                 trata de fortalecer las estructuras econ&oacute;micas de un Pa&iacute;s,                 parece consecuente con tal prop&oacute;sito que los capitales prestados                 deban tener el tiempo para poder producir las ventajas previstas                 y tambi&eacute;n que los intereses no se queden anclados con cada                 oscilaci&oacute;n coyuntural de la econom&iacute;a, sino que est&eacute;n                 anclados a las tendencias de largos periodos de &eacute;sta, fortaleciendo                 la confianza de la validez del proyecto de fondo. Una reflexi&oacute;n                 sobre esta congruencia ser&iacute;a necesaria.</p>
   <p>c. En consideraci&oacute;n a los prestamos que han                 sido otorgados, la introducci&oacute;n de cl&aacute;usulas de intereses                 variables ha sido un orientamiento diferente frente al indicado.                 Con tal introducci&oacute;n se ha querido dar atenci&oacute;n al                 cambio de aquellas circunstancias que han sido previstas como mutables                 y tales cambios se han querido regular expresamente.</p>
   <p>Para tales cl&aacute;usulas existen requisitos imprescindibles:<br />
     - la bilateralidad del funcionamiento de los mecanismos previstos;<br />
     - la independencia del &iacute;ndice de referencia respecto a las                 partes;<br />
     - el car&aacute;cter no usurario de los intereses que concretamente                 resultan aplicados;<br />
     - la transparencia.</p>
   <p>Si por la bilateralidad del funcionamiento no son                 necesarios comentarios, la referencia a &iacute;ndices independientes                 para la determinaci&oacute;n de los intereses solicita una puntualizaci&oacute;n,                 en relaci&oacute;n con el objetivo de sustraer la determinaci&oacute;n                 de la prestaci&oacute;n al arbitrio de una sola parte y de las necesarias                 adaptaciones de esto en el contexto financiero internacional.</p>
   <p> La independencia del &iacute;ndice de referencia                 en efecto va precisada teniendo presente que un &iacute;ndice puede                 ser &quot;independiente&quot; u &quot; objetivo&quot; entre algunas                 partes y puede no serlo entre otras. Esto no solamente cuando dependa                 directa o indirectamente del &iacute;ndice de los intereses practicados                 de parte de una autoridad estatal, sino tambi&eacute;n cuando sea                 propio de una instituci&oacute;n o de un mercado en el cual en general                 una parte y el sistema econ&oacute;mico a la cual ella pertenece                 sea sustancialmente solidaria y coherente, mientras no lo sea con                 la otra (as&iacute; por ejemplo un &iacute;ndice 'independiente'                 entre partes pertenecientes al mismo pa&iacute;s, o al mismo grupo                 de pa&iacute;ses, puede no resultar 'independiente' entre partes                 pertenecientes una a los pa&iacute;ses industrializados y la otra                 a los PVD, porque se crean presiones, o redes de interdependencia                 y solidaridad de un sistema que hace la determinaci&oacute;n de                 los intereses mismos con la ventaja prevalentemente de una de las                 partes). 65</p>
   <p> El car&aacute;cter no usurario de los intereses                 practicados en tales circunstancias no es de por s&iacute; garantizado                 por la referencia a un &iacute;ndice.</p>
   <p> Por la transparencia en fin de una cl&aacute;usula                 que indique un &iacute;ndice se precisa que ella exija la transparencia                 de su funcionamiento, pero tambi&eacute;n aquella de las razones                 por las cuales se han escogido este tipo de &iacute;ndice, que evidencie                 su idoneidad.</p>
   <p> El reconocimiento de la ilicitud que emana de la                 violaci&oacute;n de estas reglas podr&iacute;a implicar nulidad                 de las cl&aacute;usulas mismas, pero, contextualizando, el efecto                 de ello podr&iacute;a ser limitado a la conversi&oacute;n de la                 cl&aacute;usula y a la reducci&oacute;n de las tasas de intereses                 al nivel de las tasas no usurarias, o sea a las tasas que un procedimiento                 correcto habr&iacute;a determinado en relaci&oacute;n con el equilibrio                 de intereses originariamente estipulados entre las partes. Esto                 ser&iacute;a conforme a una correcta aplicaci&oacute;n del derecho.</p>
   <p> En concreto, me parece que esto no habr&iacute;a                 sido marginal para el pasado, visto que ha sido con motivo de la                 inobservancia de estas reglas que el servicio de la deuda ha podido                 ser llevado, sobre la base de una iniciativa 'unilateral' proveniente                 del sistema de la parte acreedora, a niveles traum&aacute;ticos                 para los equilibrios establecidos contractualmente, hasta volverse                 insostenible.</p>
   <p> La Carta di Sant'Agata dei Goti, en relaci&oacute;n                 con la usura, de la cual repite la prohibici&oacute;n, establece                 tambi&eacute;n que esto &quot;se&ntilde;ala un il&iacute;cito que,                 en caso de aprovechamiento de una situaci&oacute;n de necesidad,                 se vuelve ofensiva no s&oacute;lo contra el patrimonio, sino tambi&eacute;n                 contra la persona&quot;: esto indica as&iacute; a nuestra reflexi&oacute;n                 un campo de estudio ulterior en materia de il&iacute;citos internacionales                 que no puede ser omitido.66 </p>
   <p>3.2.2. Al centro de estos hechos emerge tambi&eacute;n                 la revaluaci&oacute;n de la moneda de referencia, inducido mediante                 la pol&iacute;tica de aumento de las tasas de intereses, como antes                 precisado. Esta revaluaci&oacute;n ha influido en modo excesivo                 sea sobre la onerosidad real de los intereses como tambi&eacute;n                 en la restituci&oacute;n del capital, causando un agravio para el                 deudor.</p>
   <p> Va precisado que variaciones de los valores de                 la moneda son muy comunes, como tambi&eacute;n lo son las devaluaciones,                 en particular cuando se busca acelerar los procesos de desarrollo.                 El problema evidentemente no es este del fen&oacute;meno en s&iacute;                 mismo, es en cambio el de su dimensi&oacute;n. Desde algunas perspectivas,                 puede ser su previsi&oacute;n, pero de prever esto que un sujeto                 diligente y experto suele prever as&iacute; de poderlo prever. En                 los pr&eacute;stamos a los PVD, la referencia a una de las monedas                 m&aacute;s usadas en las operaciones econ&oacute;micas internacionales                 tiene sobre todo la funci&oacute;n de quitar a tales operaciones                 los procesos de devaluaciones apenas mencionados, y de buscar una                 referencia estable (s&iacute; supusi&eacute;ramos que el acreedor                 hubiese previsto la valoraci&oacute;n de la moneda de referencia,                 tendr&iacute;amos que suponer tambi&eacute;n la previsi&oacute;n                 que la indicaci&oacute;n de tal moneda podr&iacute;a ser da&ntilde;osa                 a la contraparte).</p>
   <p> Por muchos motivos, me parece que se habr&iacute;a                 tenido que aplicar una adecuaci&oacute;n valorativa que tuviese                 indemne la parte deudora.</p>
   <p>En primer lugar, as&iacute; como la com&uacute;n                 voluntad de las partes era orientada a la individualizaci&oacute;n                 de una moneda estable, respecto a la moneda del deudor de la cual                 era prevista su devaluaci&oacute;n, entonces que la moneda escogida                 no cumpla m&aacute;s la funci&oacute;n de par&aacute;metro de referencia                 estable para lo cual ha sido escogida, el deudor puede afirmar non                 in haec foedera veni, y se debe cumplir una interpretaci&oacute;n                 correctiva directa a restablecer la onerosidad que ten&iacute;a                 la deuda para la parte deudora en el momento en el cual ha sido                 escogida como moneda de referencia.67 </p>
   <p> Se ha precisado tambi&eacute;n, respecto a la buena                 fe, que &quot;una similar impostaci&oacute;n (o sea, una interpretaci&oacute;n                 correctiva) podr&iacute;a hoy encontrar conforme en la siempre difusa                 valorizaci&oacute;n del principio de la buena fe, como criterio                 de interpretaci&oacute;n del contrato, y de valoraci&oacute;n de                 la acci&oacute;n de las partes, sobre todo, en la situaci&oacute;n                 en el que el poder de una de ellas se acrezca en m&aacute;rgenes                 notables de discrecionalidad, en funci&oacute;n de reequilibrar                 la diferencia de fuerza de las partes&quot;.68 </p>
   <p> En segundo lugar, la excesiva e imprevisible onerosidad                 sobreviniente no puede ser puesta a cargo del deudor, pero habr&iacute;a                 debido ser corregida de parte de un &aacute;rbitro neutral;69 contra                 la aplicaci&oacute;n de tal principio, aunque se trate de obligaci&oacute;n                 pecuniaria, no puede ser invocado el principio nominal&iacute;stico                 tambi&eacute;n porque la variaci&oacute;n ha sido presente por un                 evidente cambio unilateral de la pol&iacute;tica financiera de los                 USA, con participaci&oacute;n de todos los pa&iacute;ses m&aacute;s                 industrializados, sin que la parte, representada por los PVD, tuviese                 alg&uacute;n v&iacute;nculo con el ordenamiento monetario del gobierno                 del cual ha sido tomada la decisi&oacute;n de tal cambio70 (ser&iacute;a                 tambi&eacute;n deber de los acreedores proceder a inmediatas informaciones                 y volver a las negociaciones a fin de reducir la portada del hecho                 da&ntilde;oso que el sistema al cual pertenec&iacute;a hab&iacute;a                 producido).71 </p>
   <p> No es el caso ahora de citar los eventos que en                 la tradici&oacute;n roman&iacute;stica han conducido a la maduraci&oacute;n                 de las diferentes teor&iacute;as de la cl&aacute;usula rebus sic                 stantibus, de la presuposici&oacute;n (Voraussetzung), de la imprevisi&oacute;n,                 de la Geschaftsgrundlage y de la excesiva onerosidad etc.</p>
   <p> En relaci&oacute;n a estos dos motivos, advirtiendo                 que son evidentes algunas diferencias, deseo citar dos textos del                 Digesto.</p>
   <p>En Digesto 13,4,3 Justiniano utiliza una parte de                 la obra de Gayo de comento al edicto provincial.</p>
   <p>D 13,4,3 Gaius l. 9 ad Ed. prov.: Ideo in arbitrum                 iudicis refertur haec actio, quia scimus, quam varia sim pretia                 rerum per singulas civitates regionesque, maxime vini olei frumenti:                 pecuniarum quoque licet videatur una et eadem potestas ubique esse,                 tamen aliis locis facilius et levibus usuris inveniuntur, aliis                 difficilius et gravibus usuris 72</p>
   <p> Del examen exeg&eacute;tico de este texto he tenido                 la ocasi&oacute;n de ocuparme en otra ocasi&oacute;n73; en el texto,                 Gayo, relevada la variedad de los precios de las cosas, la cual                 es destinada para tener en cuenta por el arbitrio del juez, no pone                 en discusi&oacute;n el rol que el poder del dinero desarrolla (viene                 recordar aqu&iacute; Paolo D. 18,1 pr), pero toma una raz&oacute;n                 de duda sobre la unicidad e identidad de &eacute;sta con la observaci&oacute;n                 que el dinero mismo tiene diversos costos, constituidos por la disponibilidad                 mayor o menor y por las diversas de tasas de inter&eacute;s a las                 cuales se puede obtener en los diversos lugares( o tiempos), y diferente                 puede ser entonces el esfuerzo que debe cumplir el deudor para procur&aacute;rselo.                 Gayo, de frente a un eventual reclamo al principio nominalista que                 tiene claramente presente, indica entonces la necesidad de remitir                 a la valoraci&oacute;n del juez la redeterminaci&oacute;n tambi&eacute;n                 de una prestaci&oacute;n pecuniaria, para cumplir la cual el deudor,                 por un hecho del acreedor, encuentra el dinero m&aacute;s costoso.</p>
   <p>Si a las obligaciones de estricto derecho como aquella                 nacida de stipulatio se refiere el fragmento citado, a obligaciones                 perseguibles con un iudicium bonae fidei se refiere en cambio D.                 19,2,15,2 en el cual Ulpiano nos recuerda una opini&oacute;n del                 jurista Servio Sulpicio Rufo. </p>
   <p>Ha sido con el surgir de los juicios de buena fe                 que ha venido madurando aquella reflexi&oacute;n que hab&iacute;a                 tra&iacute;do ya Quinto Mucio a fijar como regla de esto a lo cual                 son tenidas las partes il culpam praestare, que despu&eacute;s se                 integra con la regla casus a nullo praestantur, y se precisa en                 sus contenidos adscribiendo por ejemplo en la culpa la impericia,                 y precisando ser incluidas en el casus no s&oacute;lo la fuerza                 mayor, sino tambi&eacute;n todos los otros acontecimientos no debidos                 a culpa. Se hab&iacute;a formado as&iacute; el principio cuya elaboraci&oacute;n                 por parte de Ulpiano ha sido colocada por Justiniano entre las regulae                 iuris antiqui (D50,17,2374) De esto, salvo la hip&oacute;tesis de                 responsabilidad por solo dolo, y salvo diverso acuerdo entre las                 partes con tal que no exoneren el dolum praestare, la obligaci&oacute;n                 es entonces determinada dentro de los confines de la conducta diligente,                 experta etc. As&iacute; que no se est&aacute; incumpliendo cuando                 el sujeto hab&iacute;a obrado seg&uacute;n tales modelos adecuados                 a las circunstancias concretas, o sea haya realizado el esfuerzo                 de diligencia que el contrato exig&iacute;a de &eacute;l. 75 Y esto                 se refleja sobre cualquier tipo de prestaci&oacute;n, aunque con                 las necesarias distinciones 76</p>
   <p>Considero sin embargo necesario aqu&iacute;, llamar                 el parecer de Servio, que, en el &aacute;mbito de los mismos iudicia,                 y entonces en el cuadro de trabajo interpretativo vuelto a determinar                 cual es el contenido de la ex fide bona oportere, abre una v&iacute;a                 distinta de aquella ahora recordada, una v&iacute;a que viene tambi&eacute;n                 acogida por Ulpiano y despu&eacute;s por Justiniano, prefiri&eacute;ndola,                 para la situaci&oacute;n examinada, a la otra.</p>
   <p>D.19,2,15,2 Ulp. l. 32 ad Edictum: Si vis tempestatis                 calamitosae contigerit, an locator conductori hoc nomine aliquid                 praestare debeat videamus. Servius omnem vim, cui resisti non potest,                 dominum colono incursu hostium fiat: si qua tamen vitia ex ipsa                 re oriantur, haec damno coloni esse, veluti si vinum coacuerit,                 si raucis aut herbis segetes corruptae sint. Se et si labes facta                 sit omnemque fructum tulerit, damnum coloni esse, ne supra damnum                 seminis amissi mercedes agri praestare cogatur. Sed y et si uredo                 fructum oleae corruperit aut solis fervore non adsueto id acciderit,                 damnum domini futurum: si vero nihil extra consuetudinem acciderit,                 damnum coloni esse, idemque dicendum si exercitus preteriens per                 lasciviam aliquid abstulit. Sed et si ager terrae motu ita corruerit,                 ut nusquam sit, damno domini esse: oportere enim agrum praestari                 conductori ut frui possit77</p>
   <p>No intento aqu&iacute; desarrollar tampoco la ex&eacute;gesis                 de este texto, recientemente renovada con puntualizaciones que comparto.78                 El parecer de Servio es considerado sustancialmente genuino; a &eacute;l                 se han agregado las precisiones, que comienzan con el ejemplo del                 derrumbe.</p>
   <p>Se debe destacar inicialmente que Ulpiano se plantea                 el problema del cual sea la extensi&oacute;n de la prestaci&oacute;n                 del arrendador, o sea si &eacute;l debe garantizar cualquier cosa                 al arrendatario en el caso en que haya intervenido la vis de una                 ruinosa tempestad79. Para afrontar este problema, Ulpiano, que tambi&eacute;n,                 como se ha visto arriba, ha sintetizado en modo maduro el planteamiento                 emanado del parecer de Quinto Mucio, no se apoya en el, sino que                 lo deroga y reclama el parecer, diversamente enfocado, de Servio,                 un poco m&aacute;s joven que Mucio, que tal vez utiliza a trav&eacute;s                 de la citaci&oacute;n de otro jurista.80</p>
   <p>Servio hab&iacute;a distinguido esto que obliga                 al propietario-arrendador y esto que obliga al colono-arrendatario,                 poniendo a cargo del primero tambi&eacute;n el garantizar la disponibilidad                 de la cosa arrendada tambi&eacute;n respecto a la violencia-factor                 externo al cual no se puede resistir, que viene ejemplificada en                 aquella de los r&iacute;os, de las cornisas, de los estorninos y                 de las incursiones enemigas, y poniendo a cargo del segundo los                 vicios alteraciones que surg&iacute;an de la cosa misma, en el proceso                 productivo de ella, que ven&iacute;an ejemplificados como el vino                 que se acidifica, los frutos que se da&ntilde;an a causa de ciertos                 gusanos o de hierba infestante. Servio parece quererse alejar de                 cada valoraci&oacute;n, no s&oacute;lo subjetiva, sino tambi&eacute;n                 inmersa en la investigaci&oacute;n de la misma relaci&oacute;n de                 causalidad con la conducta de los contratantes, &eacute;l se concentra                 sobre el tipo contractual, sobre el rol de cada contratante, esto                 es, que la buena fe implica que cada uno deba garantizar en el cuadro                 de una correcta individualizaci&oacute;n de las respectivas prestaciones,                 definiendo que el que da un fundo en arrendamiento para que sea                 cultivado debe garantizarlo tambi&eacute;n frente a la vis quid                 resisti no potet, mientras que el que cultiva debe cargar con los                 vitia que ex ipsa re oriantur, as&iacute; que &eacute;l remite al                 juez solo la tarea de subsumir los eventos concretos para los cuales                 ofrece ejemplos de una y otra categor&iacute;a. Algunas dificultades                 conexas a tal subsunci&oacute;n est&aacute;n despu&eacute;s a la                 base de las integraciones que siguen el parecer de Servio, a veces                 corrigi&eacute;ndolo un poco, como incluyendo en la vis el derrumbe                 del terreno que haya destruido la cosecha, o la enfermedad que haya                 arruinado las olivas o el calor del sol, si supera lo previsto,                 o el terremoto, mientras no se encuentra vis si el calor del sol                 no est&aacute; fuera de lo usual o tropas (no enemigas) de paso                 realizan robos.</p>
   <p>Ulpiano entonces, de frente a un caso, o en el examinar                 un ejemplo de un colono que tuvo intempestivamente la destrucci&oacute;n                 del cultivo a causa de la violencia de una ruinosa tempestad, utiliza                 una autorizada cita que ten&iacute;a se&ntilde;alado una l&iacute;nea                 interpretativa que era consolidada, e introduce la general distinci&oacute;n                 mencionada, de la cual obtiene la conclusi&oacute;n que es el arrendador                 el que tiene que garantizar la disponibilidad de la cosa, incluyendo                 en tal disponibilidad la garant&iacute;a de poder fruir el fundo,                 esto es, el fundo para cultivar y las condiciones externas de la                 cultivaci&oacute;n, la capacidad productiva del fundo mismo.81</p>
   <p>Con base en el texto de Gaio, hecho propio por Justiniano,                 se debe reconocer un principio de readecuaci&oacute;n de la relaci&oacute;n                 de cr&eacute;dito en relaci&oacute;n con las mutantes y m&aacute;s                 gravosas circunstancias en las cuales el cumplimiento de una deuda                 pecuniaria, no menos de esto en otras cosas ciertas y fungibles,                 debe efectuarse. Con base en la perspectiva de Servio Ulpiano, tambi&eacute;n                 ella hecha propia por Justiniano se debe decir que, en el &aacute;mbito                 de los juicios de buena fe relativos a cosas fruct&iacute;feras                 que una parte, despu&eacute;s de haber pagado, coloca a disposici&oacute;n                 de otra que con la actividad productiva obtiene frutos, esta parte                 debe acogerse a las consecuencias da&ntilde;osas derivadas de causas                 end&oacute;genas a la propia actividad, el acreedor todas las otras82.                 Y no se puede no subrayar que, ya en el inicio del proceso de codificaci&oacute;n                 moderna, ya todos los juicios son de buena f&eacute;83, aunque si                 se debe enfatizar cuando m&aacute;s amplia respecto de la diversas                 formulaciones de art&iacute;culos de c&oacute;digos sea la perspectiva                 puesta al principio de nuestro sistema en la expresi&oacute;n de                 las antiguas formulas: quidquid dare facere oportet ex fide bona.</p>
   <p>En concreto, en relaci&oacute;n con los prestamos                 recibidos, los pa&iacute;ses en v&iacute;a de desarrollo deben acogerse                 las consecuencias de cuanto tiene origen en su actividad, o en el                 sistema al que pertenecen; el acreedor en cambio, Pa&iacute;s industrializado                 o ente del sistema financiero internacional, todas las otras, y                 en primer lugar, por la cuesti&oacute;n en examen, las consecuencias                 del sobreviniente sustancial incremento del valor real de los intereses                 pactados sobre los prestamos efectuados, as&iacute; como aquello                 del capital a restituir, que, sea que hayan sido queridos por el                 acreedor, sea que hayan dependido de caso fortuito, no pueden hacer                 pagar al deudor84. Esto me parece del todo coherente con el rol                 ( y entonces tambi&eacute;n la responsabilidad) del manejo de la                 econom&iacute;a mundial que se quiere por algunos pa&iacute;ses                 realizar, tambi&eacute;n a trav&eacute;s de las instituciones financieras                 internacionales.</p>
   <p>La Carta de Sant&acute;Agata es puntual al indicar                 la &quot; necesidad de adecuaciones valorativas del principio nominal&iacute;sta&quot;                 85 </p>
   <p>3.2.3 De la Carta de Sant&acute;Agata dei Goti quisiera                 mencionar, como punto conclusivo, todav&iacute;a una observaci&oacute;n                 para se&ntilde;alar una otra prospectiva, que mueve de un diagn&oacute;stico                 de la sociedad internacional: ser &eacute;sta &quot;una sociedad                 caracterizada de graves desequilibrios socio-econ&oacute;micos&quot;.                 Este diagn&oacute;stico relativo a la comunidad internacional converge                 con diversas clasificaciones normativas y/o momentos organizativos                 que de vuelta en vuelta vienen elaborados, y distinguen &quot;Pa&iacute;ses                 en vias de desarrollo&quot; (PVD), &quot;Pa&iacute;ses a m&aacute;s                 bajo r&eacute;dito y mayormente endeudados&quot; (HIPC. Heavily                 Indebted Poor Countries), o viceversa &quot;Pa&iacute;ses m&aacute;s                 industrializados&quot;, etc.; &quot;Norte&quot; y &quot;Sur&quot;.                 El fundamental principio de cada sociedad, de igualdad de todos                 sus miembros, propio tambi&eacute;n de la sociedad internacional,                 viene sostenido e integrado por el reconocimiento de la relevancia                 de las diferencias socio-econ&oacute;micas, y ello para superarlas                 y portar el primero a su auspiciable, pero todav&iacute;a incompleta,                 congrua realizaci&oacute;n. </p>
   <p>En el caso espec&iacute;fico, el reconocimiento                 de estos desequilibrios es puesto de relieve a prop&oacute;sito                 de los sujetos de la relaci&oacute;n deudora, para mencionar el                 favor debitoris 86. Este principio, que es expresi&oacute;n del                 favor libertatis que del mismo orienta la operatividad, es radicado                 en la fase de la formaci&oacute;n de nuestro sistema roman&iacute;stico,                 y se pone como el fundamento que ha estado reconocido estar a la                 base y 'unificar' una serie de normas maduradas con base en una                 propia espec&iacute;fica ratio, en el curso de un largo desarrollo                 en el que la concreta persona del deudor es emblem&aacute;ticamente                 la parte d&eacute;bil de la relaci&oacute;n, que ve limitada su                 libertad (nexus, ob-ligatus), que arriesga de tener que sufrir tasas                 de intereses usurarios, de ser reducido a la pobreza, o de faltarle                 la liquidez necesaria para solvere el v&iacute;nculo obligacional                 y ser opreso por actos de abusivo ejercicio del propio derecho por                 parte del acreedor, de ver la deuda cedida a potentiores, y a socorro                 de la debilidad del cual vienen puestas las leyes limitadoras de                 los intereses (a partir de las XII Tablas) y la prohibici&oacute;n                 del anatocismo (usuras usurarum), la ley de liberaci&oacute;n de                 los nexi, la ejecuci&oacute;n patrimonial y no personal, el beneficium                 competentiae para garantizar la satisfacci&oacute;n de sus necesidades                 esenciales, la prohibici&oacute;n de lex commissoria, la prohibici&oacute;n                 de usar violencia para satisfacer el propio cr&eacute;dito, la prohibici&oacute;n                 de lesi&oacute;n enorme, la configuraci&oacute;n del l&iacute;mite                 del uso de la normal diligencia en el cumplimiento y de una general                 equa distribuci&oacute;n del periculum, la datio in solutum necesaria,                 la concesi&oacute;n de moratorias, la prohibici&oacute;n de unos                 tipos de cesi&oacute;n de cr&eacute;ditos, etc. 87</p>
   <p>De frente a los graves desequilibrios de orden econ&oacute;mico                 y social, para ordenar del deber de su superaci&oacute;n hoy existen                 afirmaciones m&aacute;s extensas y m&aacute;s comprometedoras, como                 por ejemplo el art. 3 de nuestra Constituci&oacute;n, o los Pactos                 internacionales sobre los derechos econ&oacute;micos y sociales,                 etc. Para la circunscripta materia del derecho de las obligaciones,                 en relaci&oacute;n a aquellos sectores del derecho interno en los                 cuales una parte es considerada ordinariamente m&aacute;s d&eacute;bil,                 tenemos despu&eacute;s una normativa particular que la tutela (pienso                 al derecho del trabajo, a la tutela del consumidor, etc.) y en otros                 sectores existen tipos de intervenciones articuladas de gobierno                 de la econom&iacute;a que garantizan, en una cierta medida, la igualdad                 y la libertad de hecho de las partes. 88</p>
   <p>Me doy cuenta que los colegas civilistas Italianos,                 que niegan la presunci&oacute;n del principio del favor debitoris                 est&aacute;n atentos y se sienten empe&ntilde;ados m&aacute;s que                 nada en poner a luz las disposiciones legislativas de nuestro ordenamiento                 del Estado, su peculiaridad y las espec&iacute;ficas rationes antiguas                 o m&aacute;s recientes que las inspiran, pero me parece que propio                 tambi&eacute;n por esta via, que conduce necesariamente a adecuar                 tales normas del ordenamiento a los principios generales del sistema,                 madure un dialogo constructivo. Pienso sin embargo que el esfuerzo                 de individuaci&oacute;n, m&aacute;s que de las espec&iacute;ficas                 rationes, requiere de un principio unitario que realice un incisivo                 rol de orientamento de la tutela de las personas y de los pueblos                 concretos en el cuadro del reemergente derecho com&uacute;n; que                 socorra all&iacute; donde las normativas m&aacute;s extensas rebelen                 una naturaleza prevalentemente program&aacute;tica, y los desequilibrios                 entre las partes son graves.</p>
   <p>Al interno de esta perspectiva considero que se                 coloque, en la Carta, por ej. la referencia al beneficium competentiae89,                 con el que se indica el instituto elaborado en el derecho romano                 para no privar al deudor de un m&iacute;nimo de medios de subsistencia                 (aliquid sufficiens ne egeat)90, y se fija el principio seg&uacute;n                 el cual debe ser tutelada la conservaci&oacute;n de una situaci&oacute;n                 patrimonial id&oacute;nea a no poner en peligro la vida, la salud,                 a defender la libertad real y la dignidad de la persona-deudor,                 que podr&iacute;a configurarse tambi&eacute;n como inexigibilidad                 de una prestaci&oacute;n cuyo cumplimiento ser&iacute;a peligroso                 para el deudor, como l&iacute;mite al sacrificio del deudor en que                 los intereses vitales de estos se extiendan a los presupuestos patrimoniales                 esenciales para su tutela91. La falta de respeto a este l&iacute;mite                 viene entonces a configurar un abuso de derecho, y un abuso todav&iacute;a                 m&aacute;s se delinea en la eventual aplicaci&oacute;n de sanciones                 o retorsiones en el confronte del deudor que pida el respeto de                 tal l&iacute;mite92. </p>
   <p>Este beneficium propio del derecho de las obligaciones,                 tradicional y que se debe adecuar constantemente, converge, en los                 Estados contempor&aacute;neos, con la configuraci&oacute;n de la                 tutela del derecho fundamental a un &quot;nivel de vida suficiente                 a garantizar la salud y el bienestar propio y de la propia familia,                 con particular atenci&oacute;n a la alimentaci&oacute;n, a la vestimenta,                 a la habitaci&oacute;n, a las curas m&eacute;dicas y a los servicios                 sociales necesarios&quot;93, en que la segunda enriquece y refuerza                 el primero. Y, m&aacute;s que una convergencia de dos l&iacute;neas                 de elaboraci&oacute;n del derecho distintas, se podr&iacute;a ver                 una transferencia al &aacute;mbito p&uacute;blico de una tutela                 madurada en el &aacute;mbito de las relaciones entre personas. Pero                 tal transferencia no puede devenir motivo para que, en el &aacute;mbito                 internacional donde la tutela de la seguridad social de parte de                 las instituciones es menos incisiva que al interno (de una parte)                 de los Estados contempor&aacute;neos, no se inicie de este principio                 de la tutela, que impide de privar al deudor del m&iacute;nimo necesario.</p>
   <p>En el contexto internacional en examen, emerge por                 tanto adem&aacute;s el deber de los Estados, delineado en la Carta,                 de garantizar el derecho predicho, ello es &quot;una obligaci&oacute;n                 de resultado cuyo cumplimiento requiere la adopci&oacute;n de medidas                 nacionales y de medidas de cooperaci&oacute;n internacional, que                 puede ser enumerado entre las obligaciones erga omnes. La masiva                 violaci&oacute;n de este principio, en la cual pueden concurrir                 factores externos que condicionan en modo determinante el cumplimiento                 por parte de los Estados, constituye un crimen internacional de                 parte de los Estados titulares de la obligaci&oacute;n, as&iacute;                 como de cuantos hacen imposible a los Estados su cumplimiento&quot;94.</p>
   <p>En esta doble prospectiva, el beneficium del l&iacute;mite                 al sacrificio que es impuesto al deudor y del cual el deudor debe                 poder gozar, ne egeat, constituye un n&uacute;cleo inicial m&iacute;nimo,                 referido evidentemente a las personas concretas pertenecientes al                 Estado deudor mismo. Y en esta prospectiva emerge adem&aacute;s                 la necesidad de una validez erga omnes del derecho fundamental en                 examen, que debe poder ser tutelado en el confronte de cualquiera                 que lo viole directamente o indirectamente, y debe ver buscados                 a tal fin los instrumentos procesales disponibles.</p>
   <p>3.2.4. De estas observaciones, desciende una conclusi&oacute;n                 diversa de la acostumbrada. Com&uacute;nmente se consideran los                 Pa&iacute;ses acreedores como la parte da&ntilde;ada por la falta                 de pago de la deuda de parte de los PVD, y se enmascaran las pol&iacute;ticas                 de soluci&oacute;n del problema en t&eacute;rminos humanitarios                 o de ayuda, de remisi&oacute;n de la deuda. Al contrario, como ya                 se ha se&ntilde;alado y como deber&iacute;a ser adecuadamente evaluado                 por parte de los Pa&iacute;ses acreedores, existen motivos para                 una consideraci&oacute;n jur&iacute;dica del problema que har&iacute;a                 fundada la necesidad de un rec&aacute;lculo global de la deuda del                 cual puede surgir tambi&eacute;n la eventualidad que la deuda haya                 sido enteramente ya pagada. Con el art&iacute;culo de la ley en                 examen, nuestro legislador ha hecho propio esta duda.</p>
   <p align="right"><a href="#top"><img src="../../imagenes/volver_arriba.gif" alt="Volver" border="0" width="46" height="12" /></a></p>
   <p><a name="4" id="4"></a>4. La necesidad de un autorizado                 reconocimiento y de un trabajo difuso y directo. </p>
   <p>Como es importante profundizar las implicaciones                 de los principios y derechos del hombre y de los pueblos, es importante                 adem&aacute;s suscitar la reafirmaci&oacute;n con valor general,                 en la comunidad internacional. Es deber tener una conducta virtuosa,                 pero est&aacute; bien que todos sean a ello llamados, tambi&eacute;n                 por una exigencia de paridad de reglas seg&uacute;n las cuales se                 opera.</p>
   <p>Es patrimonio de esta ciudad de Roma el reconocimiento                 de un derecho de las gentes, de un derecho com&uacute;n a todos                 los pueblos, eso es patrimonio com&uacute;n de nuestro Pa&iacute;s,                 de Europa. En ausencia de un legislador supranacional que pueda                 reforzar los principios y traducirlos en art&iacute;culos con la                 potestad del pueblo, el derecho de las gentes y com&uacute;n se                 desarrolla a trav&eacute;s de la prudencia de una paciente elaboraci&oacute;n                 seg&uacute;n la raz&oacute;n, con un m&eacute;todo dial&oacute;gico,                 en el cual se corrigen e integran dial&eacute;cticamente las posiciones.                 La ciencia jur&iacute;dica y los tribunales de m&aacute;s elevado                 nivel donde se sientan juristas de grande prestigio concurren a                 tal elaboraci&oacute;n. El sistema de las organizaciones supranacionales                 tiene, en la posibilidades de pareceres de la Corte Internacional                 de Justicia de la Haya, una mecanismo de reconocimiento del derecho                 existente y de aplicar, mecanismo que quiere ser distinto de la                 decisi&oacute;n de controversias determinadas, y de la mediaci&oacute;n                 de intereses de partes en conflicto. Un parecer de la Corte constituir&iacute;a                 una contribuci&oacute;n de grande valor al crecimiento del derecho                 com&uacute;n. Un parecer relativo a los principios seg&uacute;n                 los cuales debe ser regulada la deuda internacional, tambi&eacute;n                 particularmente aqu&eacute;lla con los PVD que, por la diferencia                 sustancial de poder entre las partes y los sistemas en los cuales                 operan, presenta, como se ha experimentado, graves dificultades                 a ser gestionado solo seg&uacute;n las praxis de la parte m&aacute;s                 industrializada y financieramente potente del globo, constituir&iacute;a                 una gu&iacute;a importante, cuya relevancia ser&iacute;a por otra                 parte diferenciada (dejo a los internacionalistas la precisi&oacute;n                 de estos perfiles). El deber que la ley fija para el Gobierno Italiano                 de proponer el requerimiento de un tal parecer de la Corte Internacional                 de Justicia es digna integraci&oacute;n del acto concreto de la                 remisi&oacute;n de algunas deudas, que la ley misma prev&eacute;.                 Eso va sostenido. Y hay que esperar que tambi&eacute;n otros pa&iacute;ses                 se adhieran a este enfoque. </p>
   <p align="right"><a href="#top"><img src="../../imagenes/volver_arriba.gif" alt="Volver" border="0" width="46" height="12" /></a></p>
   <p><a name="inf" id="inf"></a>(*)Este art&iacute;culo trae su                 origen de una ponencia presentada en el Congreso de la Uni&oacute;n                 de los Juristas Cat&oacute;licos Italianos, Roma 2000. Ha sido traducido                 al Castellano por: Virginia Abelenda, Helena Peralta Calvo, Maria                 de la Paz Agudin, Cindy Montiel, Juan Carlos Prado y Juan Carlos                 Guayac&aacute;n </p>
   <p> 1-Comit&eacute; Econ&oacute;mico y social de la                 Comunidad Europea, sesi&oacute;n plenaria n&deg; 230 , Orientamenti                 per rafforzare le relazioni tra la Comunita e l'America Latina (&quot;Am&eacute;rica                 Latina&quot;, EXT/48, 31 de octubre doc.COM (44) 105 def.), par.                 7 &quot;El Comit&eacute; econ&oacute;mico y social se da cuenta                 que, a pesar de la ligera mejora de los &uacute;ltimos meses, la                 situaci&oacute;n de endeudamiento contin&uacute;a siendo un obst&aacute;culo                 estructural y que pesa de un modo insostenible sobre las posibilidades                 de desarrollo de los pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina. Tal                 fen&oacute;meno, favorecido por la financiaci&oacute;n internacional                 no siempre cauto, agravado por enormes fugas de capital, y que margina                 -por otra parte- una mano de obra a buen mercado, se hizo m&aacute;s                 complejo por circunstancias imprevisibles que la crisis econ&oacute;mica                 internacional, la sobre valoraci&oacute;n del d&oacute;lar que duplic&oacute;                 en el curso de los &uacute;ltimos cinco a&ntilde;os su valor en                 relaci&oacute;n a la monedas europeas estables, adem&aacute;s de                 las exorbitantes tasas de intereses&quot;<br />
     2-Una ampliaci&oacute;n de tal ponencia, fue realizada en un ciclo                 de lecciones llevadas a cabo en la Universidad de Roma &quot;Tor                 Vergata&quot; y fue publicada en Debito Internazionale, Principi                 generali del diritto, corregida por Sandro Schipani, Padova, 1995,77ss. <br />
     3-A.F. Montoro, Sotto la scure del debito estero, en Coscienza,                 Roma, 1988, 4, 8 ss. (publicado por segunda vez con el t&iacute;tulo                 original Aspetti giuridici, etici e sociali del debito estero del'America                 Latina, en Debito Internazionale cit., 57 ss.)<br />
     4-Cfr. S. Schipani, Principios, Institutos y normas a tutela del                 deudor, en Mundo Nuevo, 42,1988 (Caracas), 328 ss.<br />
     5-Cfr.. M.A. Espeche Gil, Deuda Externa- Ilicitud del alza unilateral                 de los intereses, en Criterio, Buenos Aires, 24/11/1988<br />
     6-Cfr.. M.A. Espeche Gil, Ilicitud del alza unilateral de los intereses                 de la deuda externa, 1989<br />
     7-Cfr. CEISAL-Grupo de trabajo de jurisprudencia, La deuda externa                 de los pa&iacute;ses Latinoamericanos. Perfiles Jur&iacute;dicos,                 Econ&oacute;micos y Sociales, Sassari ,1991. <br />
     8-Cfr. D. J. Andr&eacute;s-S. Schipani (compiladores) , Debito Internazionale.                 Principi generali del diritto. Corte Internazionale di Giustizia.                 Atti del Seminario giuridico internazionale 1992, Roma, 1993; D.                 J. Andr&eacute;s-S. Schipani (compiladores) , Debito Internazionale.                 Principi generali del diritto, Atti del II Convegno 1995, Roma,                 1998; Schipani,Debito Indebito (Se si rifacessero i conti del debito                 internazionale applicando i principi generali del diritto, il debito                 sarebbe gia pagato? Un appello ai governi perch&eacute; richiedano                 un parere alla Corte internazionale di Giustizia), en Apollinaris,                 68, 1995 (ma 1998), 725 ss.<br />
     9-Cfr. La opini&oacute;n fue expresada en el 48&deg; Congreso Internacional                 de Latinoamericanistas, en Roma e Am&eacute;rica. Diritto romano                 comune, 1,1996, 271<br />
     10-Cfr. S. Tafaro (compilador), L'usura ieri ed oggi. Convegno 1995,                 Bari, 1997.</p>
   <p> 11-Cfr. D&eacute;claration de Tunis, 25/11/1995                 en Les zones prot&eacute;g&eacute;es en Mediterran&eacute;e. Actes                 de Colloque, T&uacute;nez, 1995 <br />
     12-Cfr. A. Colomer Viadel (compilador), La Deuda externa de Am&eacute;rica                 Latina. Dimensi&oacute;n jur&iacute;dica y pol&iacute;tica. Madrid,                 1999.<br />
     13-Ver aportes de G. M. Piccinelli, Fouad Zaim, Ga'far 'Abd al-Salam,                 Mohamed Frioui, Mahmoud Hassem, H'mida Ennaifer, A. Akl en los dos                 vol&uacute;menes de Atti de los congresos de Roma mencionados.<br />
     14-Cfr. R. Caldera, Deuda externa de Am&eacute;rica Latina: Desaf&iacute;o                 a los juristas, en Debito internazionale cit., 69 ss.<br />
     15-Cfr. Antecedentes sobre la posici&oacute;n del Parlamento Latinoamericano,                 en Roma e America. Diritto romano comune, 1996, 266 ss. Cfr. Tambi&eacute;n                 A divida externa/La deuda externa, en Cuadernos do Parlatino/Cuadernos                 del Parlatino, 2, 1994, y, por &uacute;ltimo, el VII Coloquio Am&eacute;rica                 Latina-Europa, organizado en San Paolo por el Parlamento Latinoamericano,                 por el CEISAL-Grupo de Trabajo de Jurisprudencia y por la Faculdade                 de Direito de la USP, 24-25/5/2001 el cual trat&oacute; de hacer                 posible que el art. 7 de la ley italiana sea adoptado tambi&eacute;n                 por otros cuerpos legislativos.<br />
     16-Cfr. el texto en Roma e America. Diritto romano comune, 1, 1996,                 265 n.1.</p>
   <p>17-Cfr. el texto en Roma e America. Diritto romano                 comune, 1, 1996, 265 ( citado tambi&eacute;n en otras indicaciones                 bibliogr&aacute;ficas) . A esta postura se adhiri&oacute; la Comisi&oacute;n                 Exterior de la C&aacute;mara de Diputados del Brasil, el 9/8/1995.<br />
     18-Resoluci&oacute;n adoptada el 10 de abril de 1988 que subraya                 por un lado la permanente gravedad de la crisis econ&oacute;mica                 que golpea los pa&iacute;ses deudores y cuyos efectos son agravados                 por las l&iacute;neas impuestas por las instituciones financieras                 internacionales las que tienen &quot;cons&eacute;quences particulierement                 n&eacute;fastes sur les enfants, les femmes, les populations autoctones                 et les minorit&eacute;s&quot;, y subraya que &quot; dans un monde                 touch&eacute; par la mondializaci&oacute;n, plus d'un miliard des                 personnes vivent dans la pauvret&eacute; absolue et sont marginalis&eacute;es                 dans la societ&eacute;&quot; , y que el servicio de la deuda &quot;absorbe                 un pourcentage excessif de leurs recettes annuelles en devise, privant                 ainsi les initiatives &eacute;conomiques et le d&eacute;veloppement                 humain des fonds dont ils auraient besoin&quot;; y obliga a la Asambleas                 General de Naciones Unidas a &quot;envisager de solliciter de la                 Court Internationale de Justice de La Haye un avis consultatif sur                 la maniere dont une partie de la dette a &eacute;t&eacute; contract&eacute;s&quot;                 (cfr. Roma e America. Diritto romano comune, 5, 1998, 315 ss)<br />
     19-Ed. Publicada por la Fondazione Sant'Alfonso Vescovo, Sant'Agata                 dei Goti, 1997; republicada tambi&eacute;n en Aggiornamenti sociali,                 2/1999, 63 ss.; trad. Espa&ntilde;ol en Roma e America. Diritto                 romano comune, 9, 2000,361 ss.<br />
     20-Cfr.Diritto alla vita e debito estero, por P. Catalano, Napoli,                 1997.<br />
     Por &uacute;ltimo, la UGCI del Arquidi&oacute;cesis de Salerno realiz&oacute;                 un Congreso sobre &quot;Remisi&oacute;n de la deuda a los pa&iacute;ses                 en v&iacute;as de desarrollo&quot;, en el cual la Carta fue parte                 de la discusi&oacute;n; cfr. los actos, Quaderni UGCI Salerno, 2,                 2001. <br />
     21-Pontifical Conuncil for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant                 People, Migration at the Theshold of the Therd Millennium, Vaticano,                 1988, 358 ss Conclusions, B.1.2.1.<br />
     22-Cfr. la Resoluci&oacute;n 1998/24 de la Comisi&oacute;n en la                 cual, se subraya &quot;la relaci&oacute;n entre la pesada carga                 de la deuda internacional y el considerable aumento de la pobreza                 que se observa a nivel mundial y adquiere especial gravedad en Africa&quot;;                 se indican como factores de un &quot;orden econ&oacute;mico internacional                 justo e igual, que garantice en los pa&iacute;ses en v&iacute;as                 de desarrollo, entre otras cosas la estabilidad de tipo cambiario                 y de intereses&quot;; se afirma &quot;que los derechos fundamentales                 de la poblaci&oacute;n de los pa&iacute;ses deudores a la alimentaci&oacute;n,                 a la vivienda, al trabajo, a la educaci&oacute;n, a la salud y a                 un ambiente sano no pueden ser subordinados a la aplicaci&oacute;n                 de pol&iacute;ticas de reestructuraci&oacute;n econ&oacute;mica                 originadas por la deuda&quot;; se establece un Relator especial                 por tres a&ntilde;os que recoja los datos relativos &quot; a las                 consecuencias negativas que la deuda internacional tiene sobre el                 goce efectivo de los derechos econ&oacute;micos, sociales y culturales                 e los pa&iacute;ses en v&iacute;as de desarrollo tambi&eacute;n                 para las pol&iacute;ticas adoptadas para hacer frente a la deuda&quot;.                 (cfr.Roma e America. Diritto romano comune, 5, 1988, 317 ss.).<br />
     23-Tambi&eacute;n el Consejo Nacional de Econom&iacute;a y del Trabajo-CNEL                 expres&oacute; una posici&oacute;n an&aacute;loga en una opini&oacute;n                 relativa a la deuda internacional de los Pa&iacute;ses del Mediterr&aacute;neo:                 cfr. A.A.V.V., La dette contre le droit (en actual impresi&oacute;n). <br />
     24-P. Catalano, A prop&oacute;sito della Carta di S. Agata dei Goti                 &quot;Dichiarazion e su usura e debito internazionale&quot;, en                 Studia moralia, 36, 1998, 285 ss. <br />
     25-Cfr. G. Dalla Torre, Intervento, en P. Stanzione , Remissione                 del debito ai Paesi in via di sviluppo, Quaderni del UGCI Salerno,                 Salerno, 2001, 77 ss.<br />
     26 Cfr. En este sentido ya Schipani, Principi generali del diritto                 e iniquita nei rapporti (Primo rapporto provvisorio su una ricerca                 in corso sui principi, istituti e norme a tutela del contraente                 piu debole e sulla necesita di applicazione di essi al debito internazionale                 dei Paesi dell' America Latina) en Apollinaris, 65, 1992, 627 ss.                 ; Id., Principios generales del derecho e inequidad de las obligaciones:                 perfiles jur&iacute;dicos de la deuda internacional latinoamericana,                 en Derecho Econ&oacute;mico actual. Homenaje al profesor M. A. Laquis,                 Buenos Aires, 1992, 815 ss.<br />
     27 Cfr. J Samtleben, Deuda y Soberan&iacute;a, en Debito Internacional                 cit., 305 ss.<br />
     28 En el &aacute;mbito de las actividades econ&oacute;micas es regla                 que la responsabilidad de la parte deudora sea de todos modos y                 en cualquier forma limitada a la cabida del patrimonio del deudor,                 y a partir de este logra que quien ha concedido imprudentemente                 financiamiento, cr&eacute;dito, etc., o hasta inducido culposamente                 al deudor al endeudamiento, vea tal conducta sancionada del hecho                 mismo que el deudor ser&aacute; inobservante y el quedara insatisfecho.                 La ausencia de tal limite en cambio, induce y ha de hecho inducido-                 cfr. Infra- al acreedor a una inadecuada diligencia en la conclusi&oacute;n                 de los actos de concesi&oacute;n de cr&eacute;dito, financiamiento,                 etc, sin la correlativa sanci&oacute;n, pero, al contrario, instaurando                 mecanismos de control sobre el deudor y tambi&eacute;n en &aacute;mbitos                 ajenos a la relaci&oacute;n obligatoria.<br />
     29 Cfr.J. Samtleben, Deuda y Soberania, en Debito Internazionale                 cit., 324 s.<br />
     30 Cl&aacute;sico en este sentido RB. Schlesinger-H.I Gundish, Allgemeine                 Rechtsgrunds&auml;tze als Sachnormen in Schidsgerichtsverfahren,                 en Rabels Z., 28, 1964, 7 ss. Ampl&iacute;sima la literatura que                 se podr&iacute;a citar en estos a&ntilde;os en los cuales la investigaci&oacute;n                 de instrumentos de derecho supranacional uniforme esta experimentando                 una asi evidente aceleraci&oacute;n, de las cuales son expresi&oacute;n                 obras como los principios de Unidroit..<br />
     31 Cic., de Legibus 2,14, 35; Liv. 30, 31, 4; 30, 32, 1-2. <br />
     32 La radical apertura del derecho romano encuentra expresi&oacute;n                 desde sus mismos or&iacute;genes tambi&eacute;n en la familia en                 la cual pod&iacute;a ser filiusfamilias tambi&eacute;n una persona                 no nacida en esta, as&iacute; como en la civitas en la cual pod&iacute;a                 ser hecho civis tambi&eacute;n un servus manumitido, o un extranjero                 (cfr. La impresi&oacute;n que esto tenia sobre los griegos en las                 reflexiones de Dion. Halic. 1, 9, 3). <br />
     33 Cfr. S. Schipani, La codificazione del diritto romano comune,                 Turin, 1999, 3 ss.; Id., De los 'c&oacute;digos latinoamericanos                 de la transfusi&oacute;n del derecho romano y de la independencia'                 hacia 'c&oacute;digos de la mezcla' y 'c&oacute;digos tipo', en                 A. Levaggi (compilador), Fuentes ideologicas y normativas de la                 codificaci&oacute;n latinoamericana, Buenos Aires, 1992, 18.<br />
     34 Cic. De Off. 3, 108 Cfr. P. Catalano, Lineas del sistema supranacional                 romano, I, Tur&iacute;n, 1965, 41 ss. <br />
     35 Gai. 1,1; D. 1,1,9.<br />
     36 D. 1,1,7.<br />
     37 D. 1,2,2,13<br />
     38 D. 1,1,1,2-4. ss.; J. 1,2 pr-2. Mas que la vasta literatura sobre                 el punto, me permito subrayar la atenci&oacute;n prestada a a esta                 prospectiva por Yang Z., La tradizione filosofica del diritto romano                 e del diritto cinese antico e l'influenza del diritto romano sul                 diritto cinese contemporaneo, en Index, 21, 1993, 525 ss.; para                 tal din&aacute;mica entre los varios complejos de normas, para todos,                 G. Grosso, Problemi generali del diritto attraverso il diritto,                 2 ed., Tur&iacute;n, 1967.<br />
     39 P. Catalano, Ius Romanum. Note sulla formazione di un concetto,                 en Id., Diritto e persone, Tur&iacute;n 1990, 53 ss.; S. Schipani,                 La codificazione cit., 27, 28 ss.; Id., De los c&oacute;digos latinoamericanos                 cit., 41 ss.<br />
     40 Sobre el enlace entre expansi&oacute;n del derecho romano y la                 Bula pontificia Sublimis Deus del 1537, cfr. mis observaciones S.                 Schipani, Il diritto romano nel &quot;Nuovo Mondo&quot;, en Il diritto                 dei nuovi mondi,a cargo de G. Visintini, Padova 1994, 64 ss. (trad.                 esp. en Cathedra. Espiritu del Derecho. Homenaje a J. L. Barandiar&aacute;n,                 5, Lima, 1999, 107 ss.).<br />
     41 S. Schipani, [La cultura giuridica romana nella Cina Popolare]                 I temi, le prospettive, en Index, 16, 1988, 363 s.: Id., Derecho                 romano en China. Un centro de estudios del derecho romano en Pekin,                 (trad. esp. de L. Reyes Gonz&aacute;lez), en Homenaje a Fernando                 Hinestrosa, 2, Liber amicorum: Estudios y Temas, Bogot&agrave;,                 1994, 549 ss.; Id., La codificazione cit., 69 ss.; Id., [Giappone                 e diritto romano] I temi, le prospettive, en Index, 20, 1992, 363                 s. <br />
     42 D. 1,1,4; J. 1,2,2; pero tambi&eacute;n la extensi&oacute;n a                 todos los hombres de la ciudadan&iacute;a romana y el principio                 seg&uacute;n el cual un ciudadano no puede ser sometido a servidumbre                 al interno de la comunidad de ciudadanos, sobre el cual se modela                 la prohibici&oacute;n para los cristianos de someter en servidumbre                 a otros cristianos (1179).<br />
     43 Es de Azon por ej. la indicaci&oacute;n que en la Instituciones                 de Justiniano se encuentran principia et radices super quibus regulariter                 constituitur fundamentum ( Azonis Summa Inst., Proem., par. 2).                 Ya Ciceron hab&iacute;a creado la expresi&oacute;n principia iuris                 (Cic., De Leg. 1,6,18; 1, 10, 28) en el contexto de una reflexi&oacute;n                 en la cual hab&iacute;a hecho hincapi&eacute; sobre la recta ratio,                 y del mismo modo sobre los principia naturae, tomando una posici&oacute;n                 en la controversia viva en sus tiempos sobre el punto si la natura                 o la opinio funda la justicia, y mas en general el juicio de aquello                 que es honestum o turpe , y buscando en tales principia iuris el                 punto de referencia para evaluar las leyes, los edictos del pretor,                 etc. (De Leg. 1,15,2-1,17-46). Al mismo tiempo el subrayaba como                 el derecho de Roma, fruto del ingenium de muchos, consolidado por                 el usus y por la vetustas fuera optimo y razonablemente tuviera                 valor para todos (De Leg. 2, 10, 23; 2, 14, 35), abriendo un camino                 a las posteriores reflexiones sobre el fundamento del universalismo                 del derecho romano, como ratio scripta (cfr. S. Schipani, Principia                 iuris. Potissima pars principium est. Principi generali del diritto.                 Note sulla formazione di un concetto, en Nozione, formazione e interpretazione                 del diritto dall'eta romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate                 a F. Gallo, 3, N&aacute;poles, 1997, 631 ss.; y en La codificazione                 cit., 83 ss., partic. 92 ss. (trad. esp. en Roma e America. Diritto                 Romano Comune, 3, 1997, 3 ss. ).<br />
     44 La expresi&oacute;n &quot;principios generales del derecho&quot;                 madura en la comparaci&oacute;n de enfoques diversos que pueden                 ser sistem&aacute;ticamente rellamados: la autointegraci&oacute;n                 del codigo prevista por el ALR/1794, par 49 Intr. prev&eacute; el                 reenv&iacute;o a &quot;in dem Gesetzbuche angenommenen allgemeinen                 Grunds&auml;tzen / los principios generales acogidos en el c&oacute;digo&quot;;                 y la heterointegraci&oacute;n del C. Napole&oacute;n/1804, art.4                 prev&eacute; libre recurso al derecho romano com&uacute;n; aquella                 del ABGB/1811, par 7 prev&eacute; el recurso a los &quot;nat&uuml;rlichen                 Rechtsgrunds&auml;tzen / principios de derecho natural&quot; y finalmente                 la heterointegraci&oacute;n aqu&iacute; en examen, introducida por                 primera vez por el Cc.albertino/ 1838, art 15, y despu&eacute;s                 mas generalmente acogida: cfr., S. Schipani, El C&oacute;digo civil                 espa&ntilde;ol como puente entre el sistema latinoamericano y los                 c&oacute;digos europeos: apuntes para una investigaci&oacute;n sobre                 la referencia a los 'principios generales del derecho', en Revista                 de Derecho Privado, 1997, 427 ss. (it. en Rivista di Diritto Civile,                 40, 1994, 359 ss., y en S. Schipani, La codificazione cit., 119                 ss. ).<br />
     45 No es solo la gran recepci&oacute;n de los c&oacute;digos la                 que marca la vocaci&oacute;n no nacional de ellos, sino la ulterior                 acogida en pa&iacute;ses de otra experiencia, desde aquellos de                 derecho musulm&aacute;n, al Jap&oacute;n. Es interesante notar que                 la China, en el re-encausamiento del proceso de la codificaci&oacute;n                 del derecho propio, parte de una ley determinada precisamente a                 trav&eacute;s del concepto de &quot;principios&quot; (Principios                 generales de las leyes civiles, del 1986).<br />
     46 Que los Cc no sean el fruto del estatal-legalismo, sino de una                 ciencia jur&iacute;dica com&uacute;n, y que por el contrario sea                 el estatal-legalismo que los haya utilizado, es un dato hist&oacute;rico                 que logra con dificultad ser reconocido, no obstante, la evidencia                 (observaba Bobbio que, el C. Napole&oacute;nico es &quot;una s&iacute;ntesis                 del pasado que no deb&iacute;a haber excluido la supervivencia y                 la aplicaci&oacute;n del derecho precedente&quot;, y que ser&aacute;n                 en cambio los interpretes a transformarlo en el inicio de un periodo                 totalmente nuevo: cfr. Il positivismo giuridico, Turin 1961, 80).                 No se quiere ciertamente sostener que la voluntad de estatalizar                 la producci&oacute;n del derecho no estuviera ya presente desde                 los or&iacute;genes de la codificaci&oacute;n moderna, y mejor dicho,                 desde antes, pero sostengo que esta no hegemonizaba la producci&oacute;n                 de los c&oacute;digos mismos y la de la ciencia jur&iacute;dica                 al menos hasta la segunda mitad del 800, y que los c&oacute;digos                 ven&iacute;an concebidos como inmersos en el sistema, de los cuales                 reformulaban las normas para sectores extensos.<br />
     47 La expresi&oacute;n &quot;miope estado-latria&quot;, como es                 sabido, es de Del Vecchio, Le basi del diritto comparato e i principi                 generali del diritto, en Riv. Intern. Fil. Dir., 32, 1960, 700 ss.<br />
     En Italia, el momento crucial se ubica entorno al 1880-1900, cuando                 logra la hegemon&iacute;a, en el cuadro de la construcci&oacute;n                 del Estado Unitario, la cultura jur&iacute;dica que consideraba                 los &quot;principios generales del derecho&quot; como principios                 deducibles de las &quot;disposiciones de las leyes&quot;, &quot;abstrayendo                 de concepto a concepto siempre mas generalizado&quot; y que, &quot;la                 reclamaci&oacute;n al derecho romano&quot; est&aacute; subordinada                 al hecho que los principios han sido adoptados por el legislador,                 que en consecuencia adopta tambi&eacute;n &quot; las consecuencias                 l&oacute;gicas del mismo&quot;, perfeccionando as&iacute; el modelo                 de la autointegraci&oacute;n del ordenamiento del Estado (cfr. Fadda                 y Bensa, Notas a B. Windsheid. Diritto delle Pandette, trat. It.                 Del mismo, Turin-Roma-N&aacute;poles, 1902, nt. 2 al par 23, p.                 128 ss). Contra este planteamiento, cfr. F. Serafini, F. Buonaiuti,                 etc.: para ellos &quot;se deben sacar de las leyes romanas aquellos                 principios generales del derecho citados por el art. 3 y id&oacute;neos                 a bien juzgar una controversia&quot;, y sobre esta ultima linea                 me parece se puede ubicar C. Ferrini, para el cual el derecho romano,                 era &quot;no un resto arqueol&oacute;gico, sino un organismo vivo                 [...] que todav&iacute;a nosotros sentimos palpitar al hondo de                 nuestros institutos jur&iacute;dicos, e infundir a estos de aquella                 perenne juventud&quot;, Lezioni di diritto romano, recogidas de                 los estudiantes A. Chiavelli, A. Damiani, G. Reggiori, Pavia, 1898-899,                 p. 5). Cfr. se&ntilde;ales sobre este giro en S. Schipani, La codificazione                 cit., 155 ss.; Id., Le scuole di diritto romano nella cultura contemporanea                 a Roma, en St. Talamanca (en proceso de impresi&oacute;n).<br />
     48 Aunque si es verdad que tambi&eacute;n en esta area las tendencias                 estatal-legalistas son, por ultimo, bastante fuertes, cfr. por ej.                 el voto de las Jornadas Nacionales [Argentinas] de Derecho Civil                 de 1987 &quot; (III) la referencia del legislador a los principios                 generales del derecho remite fundamentalmente a la obra de los jurisconsultos                 romanos, a la &quot;iurisprudentia&quot;, en la que se apoyan las                 modernas legislaciones. Ello es inexcusable con relaci&oacute;n                 a los C&oacute;digos Civiles latinoamericanos, por ser todos ellos                 de base romanista&quot;.<br />
     49 Cfr. ya en el art 73 de la Convenci&oacute;n de La Haya del 1907                 sobre la instituci&oacute;n del Tribunal Arbitral ( y a diferencia                 de la Convenci&oacute;n de 1899, art 48 que hablaba de &quot;principios                 de derecho internacional&quot; ); el art. 39 n.3 del Estatuto de                 la Corte Permanente de Justicia Internacional del 1920, en el cual                 la referencia a los &quot;principios generales del derecho&quot;                 remonta a la autoridad de Lord Phillimore (The Permanent Court of                 International Justice, 1920- 1942, 195 y n.56.) En la ampl&iacute;sima                 doctrina, cfr. todav&iacute;a, para aquella italiana, las obras                 cl&aacute;sicas de M. Scerni, I principi generali di diritto riconosciuti                 dalle nazioni civili nella giurisprudenza della Corte Permanente                 di Giustizia, Padua, 1932, 47; G. Balladore Pallieri, I &quot;principi                 generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili&quot; en                 el art. 38 del estatuto dela Corte permanente de justicia internacional                 de la Haya, Turin, 1931; Id., Diritto internazionale pubblico, 6                 ed., Milan, 1952, 82 ss; M. Miele, Diritto Internazionale, 3 ed.,                 Padova, 1972, 34 ss., G Bosco, Lezioni di Diritto internazionale,                 rist. 2 ed., Milan, 1987, 56 ss., 204 ss.<br />
     50 Cfr. S. Schipani, I Principi di Unidroit e il diritto romano                 (alcune annotazioni su favor debitoris e asimmetrie del commercio                 internazionale), en Studi Resigno, 1, 1998, 757 ss.<br />
     51 Ya Justiniano Const. Deo Aut. 5-6, hab&iacute;a encargado a los                 juristas a los cuales hab&iacute;a confiado la realizaci&oacute;n                 de sus c&oacute;digos a no seguir un criterio num&eacute;rico, de                 la mayor&iacute;a de adhesiones que puede haber tenido una soluci&oacute;n,                 seg&uacute;n el cual en cambio hab&iacute;a estado anteriormente                 preescrito por la cd. Ley de las Citas (CTh. 1,4,3: potior numerus                 vincat auctorum), ni de seguir un criterio fundado sobre la autoridad                 del autor, pero de juzgar aquello que fuese melius et aequius, o                 sea mas conforme al derecho, seg&uacute;n la definici&oacute;n de                 Celso del mismo D. 1,1,1pr.<br />
     52 Por Catone, cfr. Cic., De republica 2,1,2. En relaci&oacute;n                 con el tema especifico de la deuda, y con referencia a la actual                 elaboraci&oacute;n, la productividad de la comparaci&oacute;n con                 el derecho musulm&aacute;n se viene delineando claramente, por ej.                 en relaci&oacute;n con el perfil de la usura, sobre la cual infra                 (cfr. las contribuciones cit. supra n.13); para la comparaci&oacute;n                 con el common law, donde el primer punto de referencia, desequilibrado                 en la apertura a esta, esta constituido por los Principios de Unidroit,                 resulta interesante la consideraci&oacute;n de la excesiva onerosidad                 sobreviniente y del hardship, sobre los cuales infra (cfr. por ej.                 Principios cit., art 6.2).<br />
     53 No es este el lugar para analizar en que medida de esta norma                 puede emanar una indicaci&oacute;n llevada mucho mas generalmente,                 relativa al auspiciable superaci&oacute;n de nuestro art. 12 Disp.                 Prel. Cc. &quot;principio generales del ordenamiento del Estado&quot;,                 a favor del cual, en via interpretativa sobre la base del sistema,                 me he permitido de expresar en otro lugar: cfr. S. Schipani, El                 c&oacute;digo civil espa&ntilde;ol cit., 451 (it. cit., 396 s. o                 172 s).<br />
     54 Cfr. R. Panizza, L'impatto delle politiche monetarie degli anni                 ottanta sul debito estero dei Paesi in via di sviluppo, en Debito                 internazionale cit., 13 ss.; F. Forte, Debito internazionale dell'America                 Latina: origini e sviluppi; R. Panizza, Politiche neoliberiste,                 finanziarizzazione dell'economia mondiale e problema del debito                 estero del Terzo Mondo; M. Osandon, Deuda externa, ajuste y comercio                 en Am&eacute;rica Latina, en Debito internazionale...Atti cit.,                 respectivamente 17 ss., 33 ss., 123 ss.; R. Panizza, Condizionamenti                 esogeni ed endogeni sull'accresciuta posizione debitoria dell'America                 Latina: i termini di una discussione; M. Bagella, Integrazione financiar&iacute;a,                 movimento dei capitali e debito estero: lezioni dall'America Latina;                 C. Marichal, La nueva crisis de la deuda externa mexicana (1994/95);                 R. P&eacute;rez Miranda, La nueva crisis de la deuda externa en                 M&eacute;xico, en Il debito internazionale... Atti II cit., respectivamente                 31 ss., 307 ss., 371 ss., 387 ss. e lett. ivi. cit.<br />
     55 Cfr. ad. es. J. Schatan, Am&eacute;rica Latina. Deuda externa                 y Desarrollo, un enfoque heterodoxo, M&eacute;xico, 1985, 73 ss.;                 o la reciente sentencia del 13/7/2000 (cfr. Deuda p&uacute;blica:                 Deuda externa - Control parlamentario (Juzg. Nac. Crim. Y Corr.                 Fed., n. 2, 13/7/2000, con notas de S.M.Lozada, La deuda externa                 y el derecho, en Jurisprudencia Argentina, N. 6231,31/1/2001, P.                 26 ss.) relativa a un procedimiento iniciado en 1982, para una serie                 de 477 hechos generados en Argentina en el periodo 1976-1982 (la                 disposici&oacute;n concluye con el archivo por prescripci&oacute;n                 de la acci&oacute;n y la remisi&oacute;n al Parlamento nacional                 por el ejercicio de su funci&oacute;n de control) <br />
     56 Cfr. S. Tafaro (curador), L'usura ieri e oggi. Convengo Foggia                 1995, Bari, 1997 passim; C. Gamba, Natura, propriet&aacute; e usura                 secondo lo ius comune, in Diritto alla vita cit., 99 ss.<br />
     57 Tacit., Ann. 6,16; Cato, De re rust. Praef.; Liv., 7,27,3;7,42,1                 ecc.: lex (?) de semunciario faenore del 347 a.C..; lex Genucia                 del 342; lex Porcia fenebris del 118; lex Marcia del 104; lex Cornelia                 dell'88 a.C.<br />
     58 Cfr. Livio, 37,5 relativo al plebiscito Sempronio del 193 a.C.,                 sobre el cual S. Schipani, Intervento conclusivo. Livio 35,7; Gaio                 D.13,4,3 e il problema del debito internazionale, en S. Tafaro (curador),                 L'usura ieri e oggi cit. 279 ss.<br />
     Eugenio Pacelli, La personalit&aacute; e la territorialit&aacute;                 delle leggi specialmentew nel diritto canonico, Roma, 1912, citaba                 este plebiscito Sempronio del 193 a.C. como ejemplo de ley obligatoria                 tambi&eacute;n para los no-ciudadanos. <br />
     59 Cfr. D. 12,6,26,1; D. 42,1,27; C. 4,32,28.<br />
     60 Cfr. D. 12,6,26,1; C. 4,32,10; C. 4,32,27.<br />
     61 Cfr. C. Semeraro, La Chiesa e il debito internazionale. Appunti                 di storia della cultura e del pensiero cristiano di fronte al denaro                 e all'usura; T. Bertone, Uso del denaro e dei beni terreni. Giustizia                 sociale-indebitamento internazionale: aspetti canonistici e magisteriali                 pi&uacute; resent&iacute;, en Debito internazionale cit., 205 ss.                 Y 259 ss.; D. Andr&eacute;s Guti&eacute;rrez, Ivon de Chartres,                 un jurista medieval contra la usura cruel, inicua y delictiva; M.                 Ceschini, La dottrina alfonsiana su usura e interese, en Il debito                 internazionale... Atti II cit., 403 ss. y 415 ss.; M. Fabri dos                 Anjos, Sant'Alfonso e l'usura. Una rilettura latinoamericana; V.                 Ferrandino, Credito ed usura al tempo di Sant'Alfonso Maria de'                 Liguori; R. Coppola, Appartenenza dei beni ed usura nell'insegnamento                 e nel diritto della Chiesa cattolica, en Diritto alla vita cit.,                 respectivamente 29 ss., 53 ss., 75 ss.; H'mida Ennaifer, La riba                 en Islam. Histoire e actualit&eacute;, en Il debito internazionale...Atti                 II cit., 439 ss.; G.M. Piccinelli, Rapporti creditori e debitori                 senza interessi: gli strumenti operativi del sistema bancario islamico,                 en Debito internazionale... Atti cit., 215 ss.<br />
     62 Cfr. B. Kunicka-Michalska, La deuda externa latinoamericana y                 el delito de usura, en Debito internazionale cit., 221 ss.; Id.,                 La usura como el problema jur&iacute;dico penal de la deuda externa                 en Il debito internazionale... Atti II cit., 427 ss.<br />
     63 Sobre la conexi&oacute;n con la lesi&oacute;n cfr. ad es. BGB.,                 par. 138; Progetto di Codice delle obbligazioni e dei contratti                 (italo-francese), Roma, 1928, art. 22; C. pen. It./1930, art. 644                 (y Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, 467).<br />
     64Como es notable, la Constituci&oacute;n de Brasil/1988, estatuyendo                 la prohibici&oacute;n de la usura, art. 192 VIII par. 3, adopt&oacute;                 el m&eacute;todo de imponer un l&iacute;mite fijo seg&uacute;n el                 cual los intereses reales no puedan ser superiores al 12% anual                 (l&iacute;mite m&aacute;ximo ya fijado por Justiniano); cfr. F.                 Gasparian, A Luta contra a Usura. O limite constitucional dos juros                 anuais de 12% est&aacute; em vigor, San Paolo, s.d.</p>
   <p>65 Es evidente que tambi&eacute;n al interno del                 mismo pa&iacute;s pueden formarse decisiones relativas a los &iacute;ndices                 de intereses que puedan producir una ventaja para una de las partes,                 o a una categor&iacute;a de ellas (cfr. Las cl&aacute;sicas observaciones                 de T. Ascarelli, Obbligazioni pecuniarie, in Commentario al Codice                 civile, a cura de A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma,1959,265                 que semplifican indicando &quot;nacionales y extranjeros; empresarios                 y ahorristas; &aacute;reas mas desarrolladas y ricas de capitales                 y &aacute;reas menos desarrolladas importadoras de capitales&quot;),                 pero esto se realiza con base en una fundada competencia a gobernar                 el ordenamiento financiero de los pa&iacute;ses (por el rol de la                 moneda, cfr. E. Quadri, Principio Nominalistico, en N. Irti-G. Giacobbe,                 Dizionario del Diritto Privato. Diritto Monetario, Milano, 1987,                 556).<br />
     66 Cfr. Carta cit.,VII. Por el excesivo desequilibrio de las prestaciones,                 Cfr. Carta cit. VI; por la equidad, V; y por la libertad contractual,                 la violaci&oacute;n de la cual resulta tambi&eacute;n involucrada,                 cfr. Carta cit,II.<br />
     67 Cfr. S. Schipani, Sobre el marco &eacute;tico y jur&iacute;dico                 conforme al cual debe ser regulada la deuda externa, en Externado.                 Revista Jur&iacute;dica, 7, Bogot&agrave;, 1995, 40 (it., en I diritti                 dell'uomo. Cronache e battaglie,4/2, 1993,10).<br />
     68 Cfr. E. Quadri, Riferimento ad una moneta straniera, mutamento                 delle circonstanze e controllo dell'autonomia contrattuale nei rapporti                 creditizi interessanti Paesi in via di Sviluppo, in Debito internazionale...Atti                 cit., 202ss.<br />
     69 Cfr. S.Schipani, Sobre el quadro cit.; A. Serra, Responsabilit&agrave;                 del debitore e limiti alla pretesa del creditore (alcune riflessioni                 sul debito dei paesi latinoamericani),in Debito Internazionale cit,191                 s; Principi di Unidroit, 1993, art.6.2.2 e 6.2.3.<br />
     70 Cfr. S.Schipani, Tasas de intereses y valor del dolar como moneda                 de pago, en Mundo Nuevo. Revista de Estudios Latinoamericanos, 19,                 1996, 363 ss. (it., en Diritto alla Vita cit., 238 ss.)<br />
     71 Visto que en Italia hemos tenido y discutido una experiencia                 cuasi an&aacute;loga, quisiera, como entre par&eacute;ntesis, recordarla                 para indicar algunos puntos de contacto, que tal vez, por la concreta                 cercan&iacute;a que tienen, encender&aacute;n problem&aacute;ticas                 y contrastos, pero que me dan la oportunidad de notar la presencia                 de todos modos de dos substanciales diferencias que resultan evidentes.<br />
     En Italia todos se acuerdan de los mutuos en ECU y las controversias                 que han causado sobretodo de la &quot;llamada&quot; salida de Italia                 del sistema monetario europeo-SME (1992), de por s&iacute; abstractamente                 previsible como la denuncia de cualquier acuerdo internacional,                 pero que represent&oacute; la fractura de una l&iacute;nea de pol&iacute;tica,                 a la cual se puso remedio anos despu&eacute;s, y que ahora se ha                 querido volver m&agrave;s dif&iacute;cil a trav&eacute;s la moneda                 &uacute;nica. Todos se acordaran que, en seguida de tal salida,                 que hab&iacute;a implicado una fuerte valoraci&oacute;n del ECU                 respecto a la Lira Italiana, qui&eacute;n hab&iacute;a estipulado                 mutuos en ECU se encontraba a tener que pagar tasas mucho m&agrave;s                 onerosas de lo previsto. Creo que tal salida del SME haya constituido                 un hecho que nadie se lo habr&iacute;a esperado, que ha hecho excesivamente                 onerosa la prestaci&oacute;n para el deudor mucho mas all&agrave;                 del riesgo del negocio ( me parece que se pueda retener que el riesgo                 normal del contrato de mutuo en ECU no pueda que referirse a las                 oscilaciones consentidas por el sistema monetario europeo, y no                 incluya las eventuales consecuencias de la denuncia unilateral del                 Gobierno de la participaci&oacute;n de Italia al Sistema mismo:                 no todo aquello que en abstracto es posible y consentido es tambi&eacute;n                 en concreto previsible y entra en el riesgo normal del contrato                 i el contrato se vuelve aleatorio por el hecho que el sistema monetario                 al cual pertenece un ordenamiento puede ser denunciado o puede realizar                 una devaluaci&oacute;n o revaloraci&oacute;n en seguida de un grupo                 de factores graves que terminan en un intervenci&oacute;n extraordinaria),                 y en la cual la parte dotada de espec&iacute;ficas competencias,                 la banca, no haya cumplido la actividad, a ella posible en el &aacute;mbito                 de una normal diligencia, de informaci&oacute;n de las posibles                 alternativas que se presentaban al deudor (por ejemplo de inmediata                 conversi&oacute;n del mutuo en ECU en mutuo en Liras) para reducir                 el da&ntilde;o que se venia produciendo. <br />
     En todo caso esto que se puede aqu&iacute; notar es que las partes                 ten&iacute;an una efectiva posibilidad de escoger entre el mutuo                 en liras italianas y el mutuo en ECU, y que la decisi&oacute;n italiana                 relativa al SME, t&iacute;pico ejemplo de factum principis, ha sido                 acogida al interno del ordenamiento monetario del pa&iacute;s, de                 parte de la autoridad competente a acogerlo y a operar, a trav&eacute;s                 decisiones del g&eacute;nero, escogencias pol&iacute;ticas de gobierno                 de la econom&iacute;a por el buen funcionamiento del ordenamiento                 del cual ambas las partes del contrato han participado, aunque si                 despu&eacute;s se perfeccionan los extremos de la excesiva onerosidad.<br />
     Lo que se debe notar ulteriormente es que en la deuda internacional                 por la parte deudora-PVS el uso de la moneda extranjera era impuesto,                 y adem&aacute;s que la autoridad que ha intervenido en la moneda                 es del todo extra&ntilde;a al deudor y solidaria en cambio con el                 acreedor el cual de consecuencia no me parece pueda pretender de                 dar al deudor las consecuencias de un cambio de pol&iacute;tica                 monetaria decidido por el gobierno del ordenamiento al cual &eacute;l                 solo pertenece (o con el cual el ordenamiento al cual &eacute;l                 pertenece armoniza sus decisiones).</p>
   <p>72 Esta acci&oacute;n [ de eo quod certo loco dari                 oportet/de lo que se debe dar en un lugar cierto] es remitida al                 arbitrio del juez, porque sabemos que los precios de las cosas,                 y principalmente del aceite y del trigo pueden variar seg&uacute;n                 las ciudades y las regiones. Si bien, despu&eacute;s, el poder adquisitivo                 de la moneda es considerado &uacute;nico e invariable por doquier,                 no obstante en algunos lugares el dinero se encuentra m&aacute;s                 f&aacute;cilmente y las tasas de los intereses m&aacute;s leves,                 mientras en otros lugares con mayor dificultad y con tasas de inter&eacute;s                 m&aacute;s gravosas.)<br />
     73 Cfr. S. Schipani, Intervento conclusivo cit, 285 ss.<br />
     74 Ulpianus I. Vigensimo nono ad sabinum: Contractus quidam dolum                 malum dutaxat recipiunt, quidam et dolum et culpam....animalium                 vero casus mortesque, quae sine culpa accidunt, fugae servorum qui                 custodiri non solent, rapinae, tumultus, incendia, aquarum magnitudines,                 &iacute;mpetus praedonum a nullo praestantur (Ciertos contratos                 admiten solamente el dolo, ciertos el dolo y la culpa..... Ninguno                 garantiza por el caso de animales, la muerte que acaezca sin culpa,                 la fuga de los siervos que no estaban habitualmente controlados,                 los asaltos, los tumultos, los incendios, las inundaciones, las                 agresiones de los bandidos) Con referencia a cuanto se ha dicho,                 se nota en ese texto el llamamiento, como hip&oacute;tesis de casus                 que excluye la garantia de responder, adem&aacute;s del terremoto,                 los vientos fuertes, el naufragio, que son ejemplos tipicos de fuerza                 mayor, tambi&eacute;n a los otros acontecimientos que no son hip&oacute;tesis                 de fuerza mayor, y que terminan por definirse por la ausencia de                 culpa<br />
     75 Cfr S. Tafaro, Regula e ius antiguum in D. 50,17,23. Investigaci&oacute;n                 sobre la responsabilidad contractual. Bari 1984; R. Cardilli, Las                 obligaciones de &quot;praestare&quot; y la responsabilidad contractual                 en derecho romano (II sec. aC. II sec. dC. ), Milano 1995, 415 ss.<br />
     76 Cfr. La visi&oacute;n moderna de la categor&iacute;a de la &quot;imposibilidad                 de la prestaci&oacute;n&quot;, sus dificultades y su reabsorci&oacute;n                 y obra de la regla en examen: R. Cardilli, Il ruolo della dottrina                 nella elaborazione del sistema: L&acute;esempio della responsabilit&aacute;                 contrattuale, in Roma e Am&eacute;rica. Diritto romano comune, 1,1996,79ss.<br />
     77 Si ha intervenido la violencia de una tempestad ruinosa, veamos                 si el arrendador deb&iacute;a garantizar alguna cosa al arrendatario.                 Servio afirma que el propietario debe ser garante frente al arrendatario                 por cada violencia que no se pueda resistir, como aquella de los                 r&iacute;os, de las cornejas, de los estorninos y si ha ocurrido                 cualquier cosa semejante, o si los enemigos llevan a cabo una incursi&oacute;n:                 si en cambio los vicios provienen de la cosa misma, estos son a                 cargo del arrendatario, como si el vino se ha acidificado o si recogido                 se ha arruinado por los gusanos o la hierba infestante. Pero si                 un derrumbe se ha llevado todos los frutos, el da&ntilde;o no es                 del arrendatario, a fin de que, mas el da&ntilde;o por las cosechas                 perdidas, no sea tenido tambi&eacute;n el pago del canon. Pero si                 la enfermedad hab&iacute;a arruinado la oliva , o si ha habido un                 ins&oacute;lito calor de sol, el da&ntilde;o ser&aacute; del propietario;                 en cambio si no ha intervenido algo diverso de lo normal, el da&ntilde;o                 ser&aacute; del arrendatario. Y lo mismo se deber&aacute; decir                 de las tropas de paso que hayan llevado cualquier cosa por prepotencia.                 Pero si el fondo ha sido arruinado por terremoto de no ser m&aacute;s                 como tal, el da&ntilde;o es del propietario: &Eacute;l es obligado                 a garantizar el fundo al conductor, para que pueda ser disfrutado.<br />
     78 R. Cardilli, L&acute;obbligazione cit, 233 ss<br />
     79 Se nota que no se coloca aqu&iacute; el problema de la remisi&oacute;n                 del cuidado del cual se trata en despu&eacute;s en otros textos:                 D. 19,2,15,3-5 C.4,65,8;4,65,19<br />
     80 Cfr.F. Wieacker, Textstufen klassischer juristen,G&ouml;ttingen,                 1960,256<br />
     81 Esta frase, correspondiente a lo afirmado en general en D.19,2,115pr.-1,                 est&aacute; presente en la conclusi&oacute;n de la entera reflexi&oacute;n.<br />
     82 A nivel de historia de las ideas, debemos a Turgot(1727-1781),                 sobre la misma l&iacute;nea del iusnaturalismo laico(Grozio,Pufendorf,                 Christian Wolf), la penetraci&oacute;n en el derecho civil de la                 nueva concepci&oacute;n que trae a considerar el pr&eacute;stamo                 a inter&eacute;s &quot;un comercio.... en el cual quien presta vende                 el uso de su dinero y quien toma un pr&eacute;stamo lo adquiere;                 exactamente como el propietario de un terreno y su arrendatario                 venden y adquieren respectivamente el uso del fundo arrendado&quot;,                 y que determina la formulaci&oacute;n del art 584 del c&oacute;digo                 civil franc&eacute;s, que considera tambi&eacute;n frutos civiles                 los rendimientos financieros ( sobre estos problemas y sobre la                 relaci&oacute;n entre noci&oacute;n jur&iacute;dica de &quot;Fruto&quot;                 y rendimiento del capital cfr. R. Cardilli, Dalla regola romana                 dell&acute;usura pecuniae in fructu non est agli interessi pecuniari                 come fruti civili nei moderni codici civili, in Roma Am&eacute;rica.                 Diritto romano comune 5, 1998,3 ss., en particular pp 45 ss; Id,                 La noci&oacute;n jur&iacute;dica de frutos, Napoli 2000)<br />
     83 Cfr.ad.es il Codice Civile di Napoleone il grande col confronto                 delle leggi romane Ad uso delle Universit&aacute; e dei Licei del                 Regno d&acute;Italia, 2, Milano, 1811, art 1134-1135 p 826s., donde                 leemos &quot;El principio por el cual era ya de largo tiempo entre                 nosotros quitada una tal distinci&oacute;n [entre contratos de buena                 fe y contratos de estricto derecho] y todos los contratos se interpretaban                 ex bono et aequo, y obligaban tambi&eacute;n a esto que en ellos                 no hab&iacute;a sido expreso, cuando as&iacute; lo exig&iacute;an                 la equidad, el uso y la costumbre.En el C.Ch/1856 codice di Andr&eacute;s                 Bello que, con peque&ntilde;as variaciones ha sido recibido y est&aacute;                 en vigencia tambi&eacute;n en Ecuador/1861, y Colombia 1858-1887),                 encontramos una notable contribuci&oacute;n en relaci&oacute;n a                 la determinaci&oacute;n de los efectos del contrato, porque en el                 art 1546 precisa: &quot;Los contratos deben ejecutarse de buena                 fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa                 sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza                 de la obligaci&oacute;n, o que por la ley o la costumbre pertenecen                 a ella&quot;; L. Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno                 y Comparado, vol 11, Santiago, 1936, 495ss, comenta: &quot;No cabe                 duda de que la extensi&oacute;n que deba darse a los contratos es                 una distinci&oacute;n romana entre los contratos bonae fidei y los                 contratos stricti juris&quot;. (Cfr. por ultimo, sobre la buena                 f&eacute;, A. Martins-Costa, A Boa-F&eacute; no direito Privado,                 Sao Paulo, 1999, y rese&ntilde;a de Cardilli, en Roma e America,                 8, 1999, 287 ss.).<br />
     84 Es interesante destacar que los principios de Unidroit, al definir                 l&acute;hardship, a la cual reconocen una importancia para algunos                 perfiles diversa, indican entre los requisitos en el art 6.2.2 c)                 The events are beyond the control of disadvanteged party&quot;<br />
     85 Cfr. Carta cit, punto IX<br />
     86 Cfr. Carta Cit., punto X <br />
     87 Cfr. M. Kaser, Das R&ouml;mische Privatrecht, 2, 2, ed., M&uuml;nchen,                 1975, 327; J. C. Moreira Alves, As normas de protecao ao devedor                 e o favor debitoris do direito latinoamericano, in Debito internazionale                 cit., 77 ss. (en este articulo tambi&eacute;n los desarrollos de                 estas reglas en el derecho ib&eacute;rico y en Am&eacute;rica Latina                 hasta los c&oacute;digos).<br />
     88 Es ciertamente de se&ntilde;alar la importancia reconocida al                 principio tradicional en F. Pocar, La protection de la partie faible                 en droit international priv&eacute;, en Academie de Droit International.                 Recueil des Cours, 188, 349 ss.<br />
     89 Cfr. Carta cit., punto XII.<br />
     90 En el derecho romano ello era inicialmente circunscrito a un                 limitado &aacute;mbito de personas, que se ha venido despu&eacute;s                 alargando; ven&iacute;a realizado a trav&eacute;s de una taxatio                 predispuesta en la f&oacute;rmula, con que se fijaba el importe                 l&iacute;mite m&aacute;s all&aacute; del cual el convenido no pod&iacute;a                 ser constre&ntilde;ido a pagar: cfr. A. Guarino, La condanna nei                 limiti del possibile, Napoli, 2 ed., 1978; cfr. tambi&eacute;n R.                 De Ruggiero, Istituzioni di diritto civile, 2, 3 ed., Napoli, 1923,                 159 s.<br />
     91 Cfr. L. Diez-Picazo y Ponce de Leon, Libertad, responsabilidad                 contractuales e intereses vitales del deudor, en Debito internazionale                 cit., respectivamente 198 s.<br />
     92 La Carta cit., XI coloca el abuso de derecho en una prospectiva                 m&aacute;s bien amplia, a la cual, por razones de espacio, no es                 aqu&iacute; posible hacer referencia.<br />
     93 As&iacute; la Carta cit., punto XIII.<br />
     94 As&iacute; la Carta cit., punto XIII.</p>
   <h2 align="right"><a href="#top"><img src="../../imagenes/volver_arriba.gif" alt="Volver" border="0" width="46" height="12" /></a></h2>
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